Calvet defiende el polémico plan urbanístico de Gran Via L'Hospitalet pese al rechazo vecinal

Todo parece estar atado y bien atado. El polémico Plan Director Urbanístico (PDU) de Gran Via L'Hospitalet diseñado por el gobierno de Núria Marín tiene todos los puntos para seguir adelante. Así se desprende de unas declaraciones realizadas por el Conseller de Territori, Damià Calvet, cuando una vecina de la ciudad miembro de la plataforma No Més Blocs #StopPDU le quiso ofrecer una recopilación de las quejas de los vecinos a este megaproyecto. El demócrata fue claro, ante la presentación de estas alegaciones dijo que está pendiente de ellas, que las ha leído y que "lo tenemos aprobado definitivamente y tenemos pensado tirarlo adelante".

Unas declaraciones que siguen sin agradar a los partidos de la oposición en el gobierno de L'Hospitalet, entre ellos ERC, compañeros de partido en el Govern. Este diario ha podido hablar con fuentes de Territori e insisten en que "no hay nada más que añadir a las declaraciones hechas hace un año cuando se firmó este proyecto", desoyendo así no sólo a ERC L'Hospitalet y otros partidos sino a las distintas plataformas vecinales que denuncian los perjuicios que puede suponer el PDU Gran Vía.

El proyecto que pretende conectar la ciudad con el río tiene varios puntos polémicos que se han presentado repetidamente a la Consellería y que se ha pasado por alto. Los puntos más conflictivos son la urbanización de la única zona agrícola que quedaba en L'Hospitalet, Can Trabal, y que ahora formará parte de este proyecto que prevé poder edificar en la zona viviendas y diversos edificios que pueden llegar a alcanzar los 24 pisos de altura lo que modificará el skyline de la ciudad pero también la extinción de uno de los pocos pulmones verdes que perviven en la ciudad.

Desde Esquerra no dan crédito a las palabras de Calvet ya que presentaron una resolución no vinculante en contra del proyecto que no se ha tenido en cuenta, por lo que lo consideran un acto de "deslealtad".

Otra de las acusaciones de los vecinos y representantes políticos es la entrega de ese suelo al sector privado. Y es que ninguna administración pública, ni el ayuntamiento ni la Generalitat van a desembolsar un sólo euro de los 176 millones que está previsto que cueste el proyecto. Será responsabilidad de las empresas, oficinas e inmobiliarias que quieran construir allí quien tendrán que pedir los permisos y costearse las construcciones que quieran ubicar en esta zona.