​Acciona reclama más de 1.000 millones a la Generalitat por la chapuza de la ATLL

El consorcio liderado por Acciona reclamará más de 1.000 millones de euros a la Generalitat por la liquidación del contrato de adjudicación de la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL), que abastece de agua potable en alta a más de 4,5 millones de catalanes.

Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Acciona y el resto de accionistas del consorcio adjudicatario, entre los que figura el fondo británico Pioneer Point Partners, presentaron este miércoles 18 de octubre un escrito a la Generalitat en el que cifran la indemnización por lucro cesante y daños y perjuicios que deberían recibir por la resolución anticipada en el contrato.

Acciona ha comunicado a la CNMV que los informes periciales obtenidos cifran en 305 millones de euros la liquidación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta, a los que se suman 769 millones por daños y perjuicios.

De este modo, la compensación total que la Generalitat debería pagar según estos informes ascendería a 1.074 millones de euros, sin computar la deducción de las provisiones por liquidación ordinaria del contrato y que son de unos 38 millones de euros.

'La ATLL, Acciona, y el concurso del agua fallido'

Acciona ostenta un 76,05% de la sociedad ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, la sociedad concesionaria de este contrato.

LA GENERALITAT QUIERE PAGAR LA MITAD

El pasado 2 de octubre, Catalunyapress informaba de que el Govern de Quim Torra está tratando de pagar mucho menos por la chapuza de la ATLL. 

Desde la sentencia del Tribunal Supremo, la Generalitat ha tratado de resolver este entuerto de la manera menos dolorosa posible. Acciona esperaba recibir un total de 308 millones, pero el Ejecutivo catalán quiere dejar esta cifra a la mitad y pagar tan sólo 170 millones de euros.

El proyecto de Presupuestos Ordinario para 2019 no contempla este gasto.

DECRETO LEY

El Govern aprobó en julio el Decreto ley de creación del nuevo ente de abastecimiento ATLL, de naturaleza 100% pública y que empezará a funcionar el 1 de enero de 2019 para gestionar la producción y suministro de agua potable a la población bajo el control de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Para ello, el primer paso es la creación de una comisión liquidadora que debe poner cifras a la anulación del contrato de adjudicación de la externalización de la ATLL.

De esta manera, tras este escrito de Acciona, se avecina un nuevo tira y floja entre la energética y la Generalitat que podría acabar en otro conflicto judicial.