Empiezan las expropiaciones en Les Oliveretes con precios inferiores a los prometidos en un inicio

El Pla de Llevant nació con polémica y parece no detenerse. Tras las críticas recibidas por los partidos de la oposición pero con la aprobación por parte del pleno del ayuntamiento de Viladecans y de la Generalitat el proyecto parece arrancar ocho años después.

El consistorio anunció este enero que los 500.000 metros cuadrados de terrenos que quedaban por adjudicar los ha adquirido el fondo de inversión Aquila Capital y desde entonces el ayuntamiento se ha apresurado a comunicar a los propietarios de los terrenos agrícolas y casas de la zona de Les Oliveretes que se les va a expropiar.

Los vecinos eran conscientes desde 2011 que este momento iba a llegar, pero la crisis bloqueó el proyecto de Les Oliveretes. Ahora, casi ocho años después han recibido una notificación que les invita a abandonar sus casas y presentarse el 13 de febrero en el ayuntamiento a cobrar. 

Por si no fuera suficiente problema el hecho de abandonar sus viviendas y terrenos, los propietarios se han encontrado que el ayuntamiento les ofrecen menos de la mitad de lo que les prometieron en su día. Si hace unos años el consistorio ofreció por un casa más de 80.000 euros, ahora les ofrece una cifra que queda lejos de los 40.000. El precio más alto que ha ofrecido por unos terrenos ha sido 150.000 euros. No hay opción a ser reubicados en ninguna de las 500 viviendas que están planificadas que se construyan en el lugar donde ahora viven.

Varios grupos municipales han denunciado esta situación desde hace tiempo, como también lo hace la plataforma 'Salvem Oliveretes' que critican que el ayuntamiento acabe con "la zona forestal más importante de Viladecans", un lugar donde la gente salia a pasear o ir en bici para construir viviendas, cuando, afirman, "han un exceso de viviendas vacías" en el municipio.

Otra de las denuncias al Pla de Llevant y a la venta de estos terrenos de Les Oliveretes a un fondo de inversión extranjero es que se realiza para salvar la empresa pública Vimed, formada por el ayuntamiento y que tiene una deuda millonaria por la gestión que se ha hecho de ello.

Desde el ayuntamiento se defiende que "no se perderá tanto bosque", como aseguró la regidora del distrito, Rosa Cañisá, en declaraciones a Esplugues Televisió. E incluso subraya que "afecta a muy pocos vecinos" y defiende que "esta gente recibirá un dinero" y que si no están de acuerdo "pueden presentar un recurso al contencioso", concluye de forma amenazante.

Por si esto fuera poco, algunos miembros del ayuntamiento aseguran que pese a que es cierto que se ha reducido el precio de la compra de estos terrenos "estas personas ya sabían que tenían que irse" y que incluso algunos han construido viviendas de manera ilegal. Sobre el precio estipulado alegan que "los fija la comunidad reparcelatoria a partir de la legislación vigente (Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana)", es decir, "el Incasol, la empresa municipal Vimed y privados", según el consistorio. 

El ayuntamiento asegura que parte de esos terrenos son del Incasol, pero en respuesta a Vilapress, este organismo de la Generalitat ha asegurado que ellos no tienen nada que ver con la venta de estos terrenos y que "quien ha fijado el precio es la empresa municipal".

Sea, como sea, el proyecto, sigue adelante. Y las repercusiones las siguen viviendo los propietarios de terrenos y casas de esta zona que ven cómo el ayuntamiento les paga menos de lo prometido y quiere que antes de que acabe febrero dejen el lugar donde viven o sus terrenos.