Un juez condena a Roca a pagar 550.000 euros por la muerte de un trabajador debido al amianto

ACTUALIZACIÓN: "Es el gran genocidio social y laboral de la Historia"

Desde que la ciencia ha dictaminado sin lugar a dudas que el amianto es uno de los materiales empleados en la construcción y la industria más contaminantes, no han dejado de aparecer sentencias indemnizatorias por enfermedades derivadas del contacto con este material.

Y la última de ellas afecta a uno de los gigantes de la industria española. Roca acaba de ser condenada por el juzgado social 25 de Barcelona a indemnizado con más de 550.000 euros la viuda de un antiguo trabajador de la fábrica de Gavà y Viladecans que murió como consecuencia de un mesotelioma pleural.

La única causa conocida de esta patología es la inhalación de fibras de amianto, que se produce cuando el amianto experimenta roturas internas que propagan por el aire los agentes contaminantes.

Este trabajador prestó servicios en las instalaciones de la empresa entre los años 1970 y 1989, período durante el cual, y con posterioridad, la resolución considera acreditada la utilización de amianto en la fabricación de diferentes componentes de grifería y, especialmente, en la producción e importación de zapatos de freno para la industria ferroviaria, actividad que el Ministerio de industria autorizó Roca a desarrollar a partir de 1984. de hecho, el material empleado para la fabricación de estas piezas de maquinaria producidas en la factoría del Barcelona fue "casi exclusivamente" el amianto.

La sentencia es demoledora respecto a las nulas medidas de seguridad que Roca utilizó en aquella época para proteger a su plantilla. Citando un informe de Inspección de Trabajo, la sentencia establece que "Roca Sanitarios no ha realizado ninguna medida preventiva destinada a eliminar o reducir la exposición de los trabajadores al polvo de amianto" y califica la situación vivida en la fábrica de Gavà y Viladecans como de "ausencia total y absoluta de medidas preventivas por los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto". Además, a pesar del cúmulo de evidencias sobre la presencia de amianto en la fábrica, Roca Sanitarios negó ante Inspección de Trabajo la presencia de este material en sus instalaciones.

UNA SENTENCIA QUE ABRE LA PUERTA A NUEVAS DEMANDAS

Esta sentencia abre la posibilidad a que otros ex trabajadores de la planta presenten demandas por causas similares. Para la fábrica de Gavà y Viladecans han pasado miles de trabajadores a lo largo del tiempo y la cifra de víctimas podría ser muy elevada, incluyendo las personas que han muerto como consecuencia de enfermedades causadas por el amianto sin llegar nunca a saberlo y por tanto, sin que ni ellos ni sus familias obtuvieran las reparaciones económicas que les correspondían.

Como señala Àlex Tisminetzky, abogado de Colectivo Ronda --el equipo forense que ha representado la familia del difunto--, sentencias como ésta anticipan un nuevo foco de atención en la lucha que llevan a cabo las personas afectadas por asbestosis.

¿ES SEGURO CONSTRUIR SOBRE LOS TERRENOS DE LA FÁBRICA?

La sentencia es doblemente grave no sólo porque deja al descubierto la incuria de la compañía, sino porque en los terrenos de la fábrica se ha planificado un macroplan urbanístico previsto recalificar la parcela y construir viviendas y comercios.

Se trata del llamado 'Espai Roca', que ya cuenta con la aprobación de los ayuntamientos de Viladecans y Gavà, y que planea edificar viviendas en aproximadamente el 13% del terreno ocupado por la factoría para crear así un nuevo barrio en Viladecans.

Se debe recordar que Roca usó juntas de amianto como mínimo hasta el año 2004, transcurridos cuatro años desde la prohibición del amianto en todo el territorio comunitario y cuando ya hacía dos años que había expirado la moratoria para cesar en el uso del amianto que se concedió en España a petición del Gobierno que en ese momento presidía José María Aznar.

Tanto el Ayuntamiento de Viladecans como el de Gavà siempre han defendido el plan de reurbanización a pesar de los avisos de organizaciones ecologistas y de afectados por el amianto. Pero el cúmulo de irregularidades que deja al descubierto la sentencia obligará a replantear con qué garantías de seguridad se cuenta para llevar adelante el macroproyecto de Roca.

El informe de Inspección es elocuente: Roca no tomó ninguna medida preventiva colectivo de carácter técnico (sustitución del amianto, reducción de cantidades de exposición o sistemas de extracción) o organizativas (reducción de trabajadores expuestos, zonas de acceso restringidas, no realización de horas extras...), pero tampoco habilitó medidas de protección individual a través de uso de equipos de protección respiratoria.

Aunque la sentencia no entra en la falta de controles de estos procedimientos, llama la atención que durante tantos años ninguna administración analizara las garantías de seguridad con que contaba la plantilla de Roca. Es una prueba más de que las graves consecuencias de la exposición al amianto estuvieron durante demasiado tiempo fuera de la agenda pública; pero es preocupante que actualmente, con las pruebas científicas y la existencia de sentencias condenatorias, no se revisen proyectos que pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos.