Admitida la denuncia del Ayuntamiento de Olesa contra un regidor por la presunta pérdida de 23.000 euros

El juzgado número 4 de Martorell ha comunicado que admite a trámite la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat a principios el mes de abril después de que se detectaran presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores por parte del concejal Jordi Martínez que "podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación por omisión". 

Estos mismos hechos son los que motivaron que el equipo de gobierno integrado por el Bloc Olesà-CUP, ERC y Junts per Olesa acordara el cese del concejal Jordi Martínez de sus funciones (responsable de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Economía y Hacienda y Bienestar Social) y que fuera apartado del grupo municipal del Bloc Olesà-CUP, pasando a ser concejal no adscrito.

"Ante la decisión del juez y del inicio de las diligencias previas, que indican que el juzgado ve indicios de delito, el Ayuntamiento de Olesa se personará en la causa como acusación particular, ya que los hechos que se investigan han representado una pérdida patrimonial de más de 23.000€", han afirmado desde el consistorio.

Así lo han anunciado el alcalde de Olesa, Jordi Parent y el primer teniente de alcalde, Marc Serradó, que han destacado que la admisión a trámite de la denuncia por parte del juzgado justifica la decisión del equipo de gobierno de votar en contra, en el último Pleno municipal, de la creación de una comisión de investigación de carácter político, como proponía una moción presentada por PSC, Olesa Oberta-El Comú Podem y Ciutadans. El alcalde ha reiterado que “estamos ante un presunto delito penal y, por tanto, hay que investigar dónde toca, que está en el juzgado. No cabe una investigación política, sino jurídica”.

102 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN 4 AÑOS

En concreto, las presuntas irregularidades detectadas afectan a 102 expedientes sancionadores de los últimos cuatro años que acabaron caducando y/o prescribiendo porque el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Jordi Martínez, no firmaba el decreto correspondiente o lo hacía fuera de plazo. El importe total de las sanciones correspondientes a estos decretos y que, por tanto, el organismo de gestión tributaria no pudo ingresar, asciende a 23.280 €.

Ante las manifestaciones públicas hechas por el concejal Jordi Martínez, "poniendo en duda que realmente haya 102 expedientes afectados", el 1er teniente de alcalde, Marc Serradó, ha querido dejar claro que “en el expediente, que tanto el señor Martínez como la oposición han podido consultar, queda claro que son 102 expedientes, que incluyen un gran número de sanciones, algunas de las cuales finalmente el Ayuntamiento logró que se tramitaran. Si no, el agravio económico podría superar los 100.000 €”.

El alcalde, Jordi Parent, también ha querido rebatir las afirmaciones del concejal no adscrito a los últimos dos plenos municipales, en los que justificó que no había firmado los decretos sancionadores porque no podía ver las alegaciones presentadas por la ciudadanía afectada . 

Parent recordó que, desde que Jordi Martínez fue cesado, como alcalde mantuvo las competencias en Seguridad Ciudadana y que, desde el día siguiente de hacerlo, tiene acceso al programa de gestión de la Diputación de Barcelona que permite verlas. Según el alcalde, “sólo debía pedir ese acceso. Yo lo tuve en pocas horas”.

"DEBÍA CONOCER SUS OBLIGACIONES"

Jordi Parent y Marc Serradó han remarcado que, después de más de doce años como concejal del gobierno municipal, "Jordi Martínez tenía la obligación de saber cuáles eran sus responsabilidades" y cuáles eran las consecuencias jurídicas que podía comportar no firmar los decretos . De hecho, han insistido en que, si Martínez no estaba de acuerdo con las sanciones “podía haber devuelto las delegaciones que tenía en esta materia o presentar un decreto alternativo. Pero lo que no puede hacer es no firmar y tomar la decisión de forma arbitraria”, puesto que, para un mismo tipo de sanción, “algunos decretos los firmaba y otros no”. Por tanto, para el equipo de gobierno, "la arbitrariedad en la actuación del concejal Jordi Martínez sería la pieza clave del caso".

Para el equipo de gobierno y Junts per Olesa, la decisión del juez de admitir a trámite la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Olesa “demuestra que actuamos de manera correcta” cuando, con el asesoramiento de diferentes juristas, decidió trasladar toda la documentación del caso al juzgado de Martorell. En este sentido, el alcalde, Jordi Parent, ha lamentado que los grupos de la oposición hayan hecho "un uso irresponsable de este caso". 

Según el alcalde, “ante unos hechos de esta magnitud y que deben tratarse con un cuidado impecable, la oposición sólo está intentando desgastar al equipo de gobierno, evidentemente sin éxito. La ley dice que cuando se tiene conocimiento de un posible delito debe comunicarse al juzgado y eso es lo que hemos hecho. Por tanto, la oposición lo que ha conseguido es quedar retratada”.

Jordi Parent y Marc Serradó han reiterado el compromiso del equipo de gobierno integrado por Bloc Olesà-CUP, ERC con la transparencia y el buen gobierno, así como para seguir trabajando, desde las diferentes áreas del Ayuntamiento, por la mejora y el futuro de Olesa.

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