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La Fiscalía pone fin al caso del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca

Únicamente se mantenía abierta la causa contra una de las profesoras

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Institut el palau
La Fiscalía pone fin al caso del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca / Google Maps

Novedades en el caso del colegio de Sant Andreu relacionado con los hechos del 1-O. La última profesora que quedaba acusada de incitación al odio ha sido exculpada. Esta decisión se produce tras el cierre de las investigaciones sobre los otros ocho profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que fueron inicialmente investigados por comentarios realizados en clase sobre los hijos de agentes de la Guardia Civil.

 

La Fiscalía presentó un escrito ante el juzgado de Martorell que lleva el caso, solicitando el sobreseimiento de los cargos contra la profesora. Concluyeron que los comentarios dirigidos a una de sus alumnas, hija de un agente de la Guardia Civil, no constituían una incitación al odio.


Durante meses, tanto el cuerpo docente como el instituto han estado sometidos a un escrutinio mediático intenso. La publicación de las identidades de los nueve educadores por parte de 'El Mundo', ampliamente difundida en las redes sociales por figuras como el exlíder de Cs Albert Rivera, aumentó la presión sobre los docentes. Al entrar al centro educativo, fueron objeto de hostigamiento por parte de miembros de grupos de extrema derecha.

 

La polémica surgió a raíz de discusiones en el aula sobre la actuación policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional para impedir el proceso de votación del 1-O. La Audiencia de Barcelona desestimó el caso a ocho de ellos, al considerar que no había ningún delito en sus declaraciones, mientras que un caso quedó abierto.

 

Según las primeras alegaciones de la Fiscalía, el 2 de octubre la profesora habría dicho a un alumno, hijo de un guardia civil: "Debes estar contento con lo que hizo tu padre ayer". Los educadores acusados negaron las acusaciones y brindaron testimonios para respaldar su inocencia.


El tribunal afirmó que la profesora no buscaba "humillar" al menor, sino más bien manifestar su postura acerca del conflicto político relacionado con el referéndum del 1-O, una acción amparada por el derecho a la libertad de expresión.

 

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