El informe, que fiscaliza los programas presupuestarios correspondientes a la política de seguridad y movilidad ciudadana del ejercicio 2017, determina que los objetivos fijados, las actividades previstas y los indicadores de gestión que evalúan los diferentes grupos de programas que configuran la política de seguridad y movilidad ciudadana "no se adecuan a las finalidades previstas".
La Sindicatura de Cuentas ha emitido esta semana un informe en el que informa que ha detectado "fraccionamiento indebido" en la contratación de la AMB, excesos con los importes y concentración con los proveedores.