Polémica por la transparencia del ayuntamiento de Castelldefels y la construcción en La Pineda

La construcción de bloques de vivienda alrededor del castillo de Castelldefels, conocida como La Pineda, nació con polémica y parece que tiene tintes de continuar.

Los incidentes, del 19 de julio, con los Mossos d'Esquadra por la manifestación de varios ciudadanos contrarios al proyecto por el nivel de desforestación que supone la construcción de nuevas viviendas se han relajado, pero hay quien tiene muchas dudas de cómo se ha ejecutado todo.

Ecologista Les Agulles-Ecologistes en Acció, como parte de la Plataforma Defensem el Castell, ha estado controlando las acciones del Gobierno local desde que el pasado mes de junio se supo del permiso de obras concedido por el gobierno local en un empresario con la intención de construir hasta 200 pisos en el lugar más emblemático de la ciudad, junto al castillo, en el que ha sido un bosque durante décadas. 

El 13 de agosto, los ecologistas solicitaron mediante escrito una serie de datos sobre los costes de esta operación de propaganda municipal. La plataforma se acogía a los derechos a la información pública y la transparencia que otorgan las leyes mencionadas. Pero denuncian que el gobierno local "ha incumplido en todo momento el plazo para entregar la información que marca la ley", un mes.

El grupo ecologista esgrime que casi 5 meses después de la solicitud, aún no se ha entregado "ni un solo dato sobre los costes que representó el desalojo de la acampada y la publicidad enviada a todos los buzones de la ciudad, así como emitida a través de todos los medios de comunicación municipales".

Vilapress ha podido hablar con la primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Castelldefels, Candela López, y asegura que "no entiende esta denuncia" ya que asegura que siempre se respondió en los plazos marcados. Aunque, como en todo, hay matices.

López admite que se hizo una petición el 13 de agosto, que el 13 de septiembre se respondió y que debido al volumen de información solicitada responderían un poco más tarde. Finalmente, el 26 de septiembre el consistorio contesta acerca del informe técnico del coste en Comunicació del Pla del castillo ofreciendo parte de la información requerida, pero ya adelantaron que hay otra, que corresponde a la Junta de Compensación, organismo formado por todos los propietarios, de a la que no tuvieron acceso porque al no tratarse de un organismo público no tiene obligación de responder ni ofrecer la información requerida. Esta no llegó hasta el 18 de diciembre.

Lopez admite que se pospuso la respuesta pero que en ningún momento han inclumplido la normativa.  Pero los ecologistas no dieron por válida la respuesta. Especialmenre porque en la Junta está el ayuntamiento y aprovecharon para preguntar cuánto costó el dispositivo para desalojar a los concentrados cuando empezaron los trabajos en La Pineda.

La teniente de alcalde explica a este diario (y ofrece los documentos) que se les respondió, el 8 de diciembre, que no hubo un sobrecoste para las arcas municipales porque fue una decisión judicial y quien actuaron fueron los Mossos, y que la presencia de la Policía Local era la normal en un día cualquiera. El 18 de diciembre, matizaron las razones por la que no disponían de la información por parte de la Junta a quien se le hizo un requerimiento: al no ser un organismo público no están obligados a dar la información.

En ellos, el ayuntamiento ha informado del coste de impresión y distribución de los folletos informativos del ayuntamiento. Eso sí, admite que no están detallados los costes de los hacedores de los mismos y de la maqueta que estuvo expuesta en el hall del ayuntamiento.

La razón esgrimida para no dar estos datos es que las empresas y los personas físicas y/o jurídicas privadas no tienen la obligación de entregar estos datos y aún menos en un plazo.

SIN NOTICIAS DE LOS INFORMES

Por su parte, Jaume Grau, el portavoz de los ecologistas, se ha mostrado sorprendido de las palabras del ayuntamiento, ya que niegan haber recibido dato alguno de los costes de impresión y difusión de los folletos, sino que el ayuntamiento ha respondido que tienen partes de los datos y otros no, sin ofrecer cifras. Algo que sorprende al consistorio que aseguran que envían esta información por correo electrónico con acuse de recibo, por el compromiso establecido de un mes. 

Este diario ha recibido la información, eso sí, una de ellas con fecha de septimbre en la que solo habla del coste de impresión y difusión y no dice nada del resto de quienes ni a quien corresponde, ni habla de la maqueta expuesta en el hall. La otra responde al dispositivo policial. Otro de los documentos entregados, sin fecha, revela que el ayuntamiento pide a la Junta los informes para que "en el plazo de 10 días hábiles den cumplimiento al requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Castelldefels, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública". Esta información no ha llegado, ni al ayuntamiento, ni a los ecologistas.

Grau reitera que no les ha llegado dicha información, lo que supone el incumplimiento de la legalidad en materia de transparencia, área de la que es encargada la propia Candela López en el ayuntamiento.

Cabe recordar que si el ayuntamiento no ha hecho llegar adecuadamente esta información requerida en los plazos requeridas, se trataría de una ilegalidad del gobierno municipal que es susceptible de ser impugnada en los tribunales de justicia mediante un recurso administrativo. Por parte de los ecologistas, además demuestra "una clara voluntad obstruccionista de la participación ciudadana por parte del Gobierno local, que de este modo vulnera derechos fundamentales".

Por otro lado, hay algo que no encaja ya que si el ayuntamiento forma parte de esta Junta de Compensación es curioso que nunca hayan tenido los datos de lo que cuesta nada, aunque la teniente de alcalde insiste en que están en la Junta sólo para velar para que se cumplan los compromisos firmados en su día por el ayuntamiento.

La intención de los ecologistas, aseguran, es recavar información negada a los ciudadanos, o al menos exponer unos datos que no son de fácil acceso. Por su parte, el ayuntamiento, es consciente de que existe un malestar, de que se han cometido errores de comunicación a la hora de explicar el proyecto y aseguran que velaran porque se cumplan los plazos y las propuestas acordadas. Pero lo que parece obvio, es que la nueva construcción de La Pineda de Castelldefels no ha sido fácil desde el inicio y puede generar más malestar.