Archivada la querella contra la alcadesa de Olesa por su actuación durante el 1-O

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado las diligencias que había abierto contra la alcaldesa de Olesa, Pilar Puimedon, en relación al decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, ya que, según consta en el escrito emitido por la Fiscal jefe provincial, Concepción Talón, "no ha resultado debidamente acreditada la comisión de los delitos que motivaron la incoación de estas actuaciones". La citación a Pilar Puimedon enmarcaba en la decisión de los fiscales catalanes de decidir reactivar, en septiembre del año pasado, la investigación contra los 712 alcaldes que habrían apoyado el referéndum del 1 de octubre firmando decretos para la cesión de locales de votación. El origen de esta investigación está en una instrucción emitida por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La alcaldesa fue citada a declarar el pasado 26 de octubre ante la Fiscalía Provincial de Barcelona como presunta autora de un delito de desobediencia y / o prevaricación y / o malversación de caudales públicos, y en ninguno de los casos la Fiscalía ha encontrado acreditada la comisión de estos delitos.

El Ayuntamiento de Olesa ha recibido este lunes la notificación del archivo, que tiene fecha de 13 de febrero. En el escrito de archivo, la fiscal jefe provincial señala que, aunque queda acreditado que el 1 de octubre de 2017 se utilizaron como colegios electorales cuatro locales de titularidad y gestión municipal (la Casa de cultura, el edificio de los lavaderos y los locales sociales de las Asociaciones de Vecinos de les Planes y el Poble Sec), "no ha podido constatarse que la alcaldesa de Olesa de Montserrat dictase acuerdo, resolución o disposición que coadyuven efectivamente a la preparación y / o celebración del citado referéndum".

Sin embargo, dice el escrito de la fiscal jefe provincial, tampoco ha resultado acreditado que la alcaldesa "hubiera cedido expresa o materialmente el uso de ninguno de estos locales para su utilización como colegios electorales ni ha podido constatarse que hubiera dado ninguna orden o instrucción para que otros empleados públicos o terceras personas posibilitaran la apertura de estos locales ". En este caso, el escrito de archivo hace referencia a un escrito de la Secretaria Municipal del ayuntamiento de Olesa, emitido en fecha 9 de julio de 2018, que certifica que no constaba la emisión de resolución, oficio o comunicación suscritos por la alcaldesa confirmando la disponibilidad a facilitar los locales utilizados como centros de votación el 1 de octubre de 2017 en respuesta a la carta remitida desde la Presidencia de la Generalitat el 6 de septiembre de 2017 pidiendo a los alcaldes la confirmación los disponibilidad de los locales.

Por todo ello, dice el escrito de la Fiscalía, no se puede acreditar en la alcaldesa "una clara y patente negativa a atender los requerimientos que se hacían en la providencia dictada por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017" (de suspensión de la Ley de convocatoria del referéndum), y por tanto, tampoco queda acreditada ni la comisión del delito de desobediencia, ni los de prevaricación y / o malversación de caudales públicos.

La alcaldesa de Olesa, Pilar Puimedon, destacó que el archivo del caso por parte de la Fiscalía "representa mucha tranquilidad, por mí y por los cientos de alcaldes que están imputados por los mismos motivos, porque vamos todos de la mano". Puimedon ha insistido, como ya manifestó a la salida de su comparecencia ante la Fiscalía Provincial, que "nunca he tenido conciencia de haber cometido delito" y agradeció de nuevo "las muchísimas personas de Olesa que estuvieron a mi lado y me manifestaron su apoyo. No saben cómo fue de valioso e importante contar con este apoyo". Pilar Puimedon también ha deseado que "en todo los casos que aún hay pendientes para el 1 de octubre haya una resolución justa que ponga las cosas en su sitio".

Pilar Puimedon compareció el 26 de octubre del año pasado a declarar ante la Fiscalía Provincial de Barcelona como investigada en el marco de las actuaciones contra el referéndum del 1 de octubre. Por recomendación de su abogado, nombrado por la Asociación Catalana de Municipios, Pilar Puimedon se acogió a su derecho a no declarar.