ACM : "Queremos que se establezca un marco jurídico que facilite el teletrabajo en la administración local"

La AMC / 2EP

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha abierto la posibilidad de establecer un marco jurídico para regular el teletrabajo en la administración local tras debatirlo en el Debate Municipalista organizado por la propia asociación, ha informado este lunes en un comunicado.

En la inauguración, el presidente del ACM y alcalde de Deltebre (Tarragona), Lluís Soler, ha destacado que el nuevo paradigma del teletrabajo debe "ayudar a sumar valor público, para ser más eficientes, resolutivos, dirigir los resultados por objetivos y tener una mirada hacia un país diverso" que ayude a luchar contra la despoblación rural.

"El teletrabajo es una oportunidad en calidad de vida, optimización de los recursos y para luchar contra la despoblación, pero sólo será posible mantenerlo como opción si se dota de un marco jurídico adecuado y con los recursos suficientes", ha subrayado.

También ha remarcado que "es clave" la apuesta que el Govern y las diputaciones están haciendo para el despliegue de la cobertura 5G y la fibra óptica en el territorio, que ya llega al 91% de la población, aunque ha recordado que todavía un 56% de municipios no tienen acceso.

Para constatar la necesidad de una regulación común del teletrabajo a través de un acuerdo marco, el ACM ha realizado una encuesta entre los municipios de menos de 20.000 habitantes para prever esta opción y "la mayoría aseguran que no cuentan con una regulación propia".

La encuesta concluye que un 56,30% de los ayuntamientos consideran que la implementación del teletrabajo durante la pandemia fue satisfactoria, un 22,5% no quedaron satisfechos, mientras que el resto no se posiciona porque no se implementó o no todo el personal lo hizo, entre muchas casuísticas.

En la mayoría de entes locales se hizo teletrabajo, ya que el porcentaje aplicado fue del 50% (un 28,7% de los encuestados), 25% (un 24,8%) o 75% (20,9%).

Además, los entes locales encuestados creen que entre una cuarta parte o la mitad del personal de la administración local podría seguir haciendo teletrabajo garantizando el mismo servicio que se hace con la presencialidad.