Los ayuntamientos del Baix Llobregat podrán cobrar por acceder a sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una iniciativa que busca transformar la forma en que las ciudades se mueven para reducir la contaminación y promover alternativas de transporte más ecológicas. La nueva legislación permitirá a los ayuntamientos del Baix Llobregat establecer peajes en sus municipios como estrategia para combatir las emisiones contaminantes.

Respecto a las tasas que las ciudades podrán cobrar por el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Oscar Puente ha recordado que se trata de un peaje opcional al que la ley no obliga, sino que solo da cobertura legal para que se puede llevar a cabo si alguna corporación local quiere hacerlo.

El ministro, en su intervención, ha explicado que la ley se tramitará por urgencia en el Congreso, buscando el mayor apoyo posible a través del diálogo. 

"Es una ley necesaria", ha subrayado Puente, destacando que la movilidad representa el 13 por ciento de los gastos de los hogares, crea más de 800.000 puestos de trabajo, representa casi el 5 por ciento del PIB español y genera más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo.

ESTA LEY AFECTARÁ A MUNICIPIOS DE ENTRE 20.000 Y 50.000 HABITANTES

La nueva ley afectará particularmente a los municipios con una población comprendida entre 20.000 y 50.000 habitantes, exigiendo planes de movilidad sostenible, así como a empresas con más de 500 trabajadores, que también tendrán que desarrollar planes de este tipo. Se contempla una reducción de gastos en infraestructuras de hasta 8.000 millones de euros en una década mediante la disminución de ineficiencias.

Una vez en vigor, la normativa obligará a los ayuntamientos, polígonos industriales y grandes centros de trabajo, tanto públicos como privados, a diseñar planes que impulsen el transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta. La ley también da a los alcaldes la facultad de establecer tasas que penalicen la circulación de vehículos contaminantes en zonas de bajas emisiones.

Una de las novedades más relevantes es la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, supervisando el cumplimiento de las obligaciones municipales y coordinando la ejecución de los planes de movilidad sostenible. Esta supervisión se extenderá a los ayuntamientos con poblaciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes, que tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para implementar zonas de bajas emisiones y otras iniciativas.

Las empresas con más de 1.000 trabajadores en áreas urbanas de más de 500.000 personas tendrán que incluir medidas para reducir la movilidad a horas punta y promover el transporte de bajas emisiones en sus planes.

En última instancia, la ley también establece regulaciones para el transporte colectivo a través de empresas como BlaBlaCar, garantizando que el pago de los pasajeros por compartir gastos no se convierta en una tarifa de transporte colectivo.