El caso INIPRO saltó a los medios el 9 de octubre de 2015 cuando se produjó el primer resgistro policial de la UDEF en el Ayuntamiento de Tarragona.  Posteriormente el 4 de mayo de 2016 se produjeron registros en los Ayuntamientos de Viladecans y en el de Palau-Solità i Plegamans. Desde entonces han pasado 7 años de instrucción .El caso INIPRO que revolucionó la tranquila vida municipal en el Ayuntamiento de Viladecans supuso la imputación del ex alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros aunque no ha tenido las mismas consecuencias políticas en el municipio del Baix Llobregat y su pieza abierta en un Juzgado de Gavà, tras muchas resistencias a instruirlo.

Cascada de dimisiones en el Ayuntamiento de Viladecans

La comisión de investigación política de entonces cabe recordar ahora que fué rebentada desde dentro por ERC y su portavoz Bárbara Lligadas actual alcaldable en aquellos y estos comicios de 2023 que la hizo estallar al filtrar interesadamente sus conclusiones de parte, que  no responsabilizaban ni políticamente al primer edil de Viladecans y que fué un acto de deslealtad al resto de fuerzas de la oposición que quedaron muy desconcertadas por este oportunismo político, sobre el cual tuvo que pedir disculpa la republicana a dos de los partidos políticos que más trabajaron en la misma, uno de los cuales fué el PP que tenía como concejal a José Padilla. 

Y todo pese a los esfuerzos de la entonces líder de C's, Carolina Torres, que aunque fue elegida por designación directa del Alcalde para presidir esa comisión, intentó por todos los medios posibles que la documentación solicitada estuviera a disposición de los diferentes partidos políticos de la oposición, algo que no se llegó a conseguir  del todo causando en el pleno municipal de conclusiones la unánime queja de dificultades de acceso a la información necesaria para hacer un ingente trabajo de estudio de porqué la Guardia Civil con su unidad UDEF había irrumpido en las dependencias del consistoiro viladecanense una mañana y se habia llevado detenido al primer teniente de alcalde socialista y secretario de la agrupación local, Joaquim Guerrero. 

Fue en el pleno de conclusiones final de esta tortuosa comisión política que duró 9 meses quién una unica concejala de la oposición la que pidió al alcalde de Viladecans la dimisión por responsabilidad política y en la hemeroteca de plenos puede facilmente saberse quién fué la que se atrevió a pedirle responsabilidades políticas por un caso cuyo secreto de sumario se ha desvelado hace poco.

Porque cabe recordar que en el seno de dicha comisión parece ser que a base de insistencia, se consiguió el consentimiento para que todos los partidos políticos pudieran acceder a la información municipal que se remontaba al año 1991 y hay quién si pudo encontrar “el origen de la prestación de servicios de INIPRO en el Ayuntamiento de Viladecans” que se inició según se relató públicamente en el pleno del mes de mayo de 2017, desde la misma constitución de INIPRO en 1990. Cabe recordar que fue nacer esta empresa, que no nació como tal y ligar sus creadores  su actividad al Ayuntamiento de Viladecans. Los que la crearon, algunos según la documentación en poder del Juez de Gavà, están misteriosamente ligados directamente al actual alcalde de Viladecans Carlos Ruiz por diferentes razones.

El Ayuntamiento de Viladecans  por eso es una suerte de cliente institucional para la mercantil sobre la que se ha construido una relación empresarial-institucional ininterrumpida desde entonces, por un periodo que dura más de 30 años hasta nuestros días. De esta incubadora profesional han salido figuras destacadas del consistorio ubicadas en diferentes áreas estratégicas locales algunas de las cuales se han incorporado en las listas electorales de estas municipales 2023 como Olga Morales. 

En el pleno de conclusiones de la comisión de investigación faltó mucha ética política, dado que muchos de los que allí votaron no solo tenían en ese momento responsabilidades políticas sobre los contratos que se desarrollaban dentro del consistorio del entramado empresarial de INIPRO sinó que en su curriculum profesional o de algunos de sus familiares de ambos partidos de gobierno, PSC e ICV-EUiA ( Comunes) consta en la documentación de su vida laboral haber trabajo para algunas de las empresas relacionadas con la trama INIPRO. Entre ellas se encontraba la persona que sustituyó al primer teniente de alcalde de Viladecans, Veronica Aransil que lo admitió públicamente y que tras dimitir se reincorporó a INIPRO de nuevo, pero también la socialista Gisela Navarro que nada dijo de su abierta relación laboral en sus tiempos de juventud, cómo algunos otros allí presentes. ¿Es ético que voten ex trabajadores o familiares de trabajadores o ex trabajadores en una comisión de investigación de un Ayuntamiento sobre un asunto que concierne a INIPRO ?. La respuesta sobre ética política en este consistorio ecosocialista, el de Viladecans la tienen en la relación de quiénes votaron en la misma y constan en el acta de plenos. De hecho la comunera Ada Colau no ha tenido problemas en contratara reiteradamente para el ayuntamiento de Barcelona a INIPRO. Por lo que cabe preguntarse : ¿en cuantas direcciones tiene que mirar la justicia para llegar al fondo de esta trama?. 

Por tal cuestión que varios jueces hayan tenido en su proceso de investigación documentación de acceso 100% público donde figura el nombre de la mujer del actual alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, sin que éste esté imputado es algo que para los diferentes investigadores del caso resulta más que llamativo. 

Porque si hacemos caso a la documentación que existe, y que todo el mundo puede consultar, si hay un lugar en todo el Baix Llobregat donde se sabe cómo se gestó INIPRO esa es la casa del actual alcalde de Viladecans, Carles Ruiz. Su esposa fué una de las protagonistas de esta historia en un lado de la acera y el alcalde con todas las responsabilidades políticas que ha tenido en su carrera política ha estado en el otro lado. Y documentalmente eso las investigaciones lo han corroborado fehacientemente, cómo ha podido saber Vilapress por fuentes fiables. 

Y todo esto ocurre mientras algunos elefantes colaboradores de INIPRO, al menos dos, cobran un buen sueldo de las arcas de Atrium Viladecans desde hace algunos años, en un descarado premio de consolación algunos afirman que "administrativamente cuestionable" donde los únicos que pierden siempre son los ciudadadanos de Viladecans, que año tras año pagan la factura de números rojos de este equipamiento donde podrían ubicarse los cines de la ciudad pero que a nadie interesa llevar a cabo. 

Un matrimonio que vive en Can Palmer tiene la clave del caso y todas las piezas de INIPRO, el formado por el alcalde de Viladecans y su mujer quién también formó parte en su momento de la ejecutiva local. El listado de personas que han trabajado entre las filas de esta empresa es largo y todos figuran en listados diversos entre la documentación que obra en poder del Juez de Gavà. Todos aparentemente están tranquilos porque su ex primer teniente de alcalde, Joaquim Guerrero se mantiene callado, sin saber que sus propios compañeros de partido lo han implicado documentalmente en otro caso "chapuza" que hiberna, muy similar a otro acontecido en Sabadell sobre el que corrieron rios de tinta periodística. ¿Hará este otro asunto que se replanteé su decisión de cargar con la responsabilidad colectiva?. ¿Cuánto pesará su propia familia en esa decisión?. Sólo él lo sabe.

La documentación pública del caso INIPRO apunta directamente al actual alcalde de Viladecans, Carles Ruiz y los diferentes jueces instructores intentan ponerle hilo a la aguja. Mientras tanto todos los que saben de la existencia de esta documentación se preguntan ¿cuándo tardarán en imputarlo?. ¿Alguién llegará al fondo de la cuestión?. ¿Quién será quién lo haga?.

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