Una cuarta parte de los refugiados tiene que dormir en la calle

El 26,6% de refugiados en Catalunya ha dormido alguna vez en la calle, pese a existir un sistema de asilo estatal que incluye garantizarles condiciones materiales de vida suficientes, como marca la normativa europea; y un 7,6% de estos casos son familias con hijos menores, según un estudio del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob).

La investigadora del Cidob Blanca Garcés Mascareñas ha explicado en el Día Mundial de los Refugiados, que refugiados y solicitantes de asilo son un grupo "relativamente privilegiado" en comparación con otros migrantes, pero que tiene igualmente grandes problemas para establecerse, pese a la red de ayudas.

"Es un oxímoron: refugio sin casa. Estamos hablando de refugio y asilo, pero a la vez vemos que, aunque accedan a los procedimientos del sistema de acogida, se encuentran sin casa, ya sea en la calle o teniendo que ir de una casa a otra en condiciones altamente precarias", ha explicado Garcés.

"La vivienda es una condición fundamental, porque sin casa no se puede construir una nueva vida", ha asegurado la experta, que, junto a los investigadores del Cidob Carlos Delclòs y Olatz Ribera, firma el informe 'Casa nostra, casa vostra?', publicado esta semana por el centro de estudios en ocasión del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra este sábado.

UN PROCESO "CONTRADICTORIO"

El estudio, basado en 301 entrevistas personales a refugiados y solicitantes de asilo en Catalunya, ha constatado que la saturación del mercado inmobiliario, la lentitud del sistema en la concesión del asilo, el desajuste entre estos tiempos y la caducidad de las ayudas, y el alto número de solicitudes denegadas, aboca a los refugiados a vivir en la precariedad.

"Es un proceso contradictorio, porque el sistema de acogida pretende garantizar a los refugiados condiciones materiales y promover su integración pero, a menudo, éstos acaban recibiendo una resolución negativa", ha reflexionado Garcés, que ha añadido que el coronavirus ha detenido los procesos de refugio y empeorado la situación de los migrantes.

Olatz Ribera ha detallado que las personas que entran en el proceso de asilo, pese a proceder de un país en conflicto o huir de la persecución, no tienen asegurado el estatus de refugiado; y que, incluso cuando lo consiguen, los recursos asistenciales se suelen acaban antes.

Durante los primeros 30 días en España, los solicitantes tienen derecho a ser alojados en un albergue, antes de pasar a un centro o piso tutelado por un máximo de seis a nueve meses, y más tarde pueden optar a ayudas al alquiler, "pero a menudo pasan más de un año y medio en alguna de estas fases".

Además, cuando se le deniega el asilo "el refugiado tiene 15 días para abandonar el país y los recursos habitacionales que esté utilizando", ha dicho Ribera, y ha añadido que, aunque los solicitantes de refugio pueden recurrir la decisión, dejan de poder trabajar y acaban dependiendo de los servicios sociales.

Garcés ha explicado que "una cosa es lo que está sobre el papel y otra cosa es la práctica, y nos encontramos que, aunque la ley es garantista, en la realidad, por los retrasos y otras razones, vemos un decalaje entre los tiempos reales del proceso de acogida y los tiempos reales de estos procedimientos".

"El proceso teóricamente va en paralelo a la solicitud de asilo, pero en la realidad no es así", ha corroborado Ribera, que constata casos en los que se ha tardado varios años en resolver una solicitud, durante los cuales los candidatos viven en la precariedad.

El estudio ha descubierto, por ejemplo, que hasta un 40,5% de los solicitantes de asilo procedentes del África Subsahariana vivieron situaciones de calle en su primer año en España; y que si consiguieron un domicilio, fue de manera breve e inestable.

Según datos del Cidob, los refugiados subsaharianos llegan a vivir, de media, en 4,2 viviendas y 3,6 municipios al año en Catalunya, y tienen contratos de alquiler de seis meses o menos en el 45,2% de los casos; lo que supone, por ejemplo, "un freno a la hora de empadronarse o de escolarizar a los hijos", ha dicho Ribera.

"Sin casa, todos los procesos quedan truncados", ha afirmado la investigadora, que junto a Garcés y Delclòs, propone aumentar el parque de vivienda social y de alquiler asequible, implementar políticas económicas y sociales de carácter universal, flexibilizar los trámites de refugio, y reforzar el acompañamiento en la inserción residencial y durante las distintas fases del proceso de asilo.

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