El Parlament aprueba el incremento de tarifas de servicios a las personas mayores

Convalida medidas para el ámbito cultural, cooperativas y ocio educativo por la pandemia

La Diputación Permanente del Parlament ha validado este miércoles el decreto 9/2021, que incluye un incremento de las tarifas de servicios a ancianos --del 4% para residencias--, que el Govern quiere que repercuta en los salarios de los trabajadores del sector, ha destacado el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani.

El decreto se ha convalidado con el voto a favor de Junts, ERC y los comuns, y la abstención del resto de grupos parlamentarios --Cs, el PSC, el PP y la CUP--, y también incluye medidas dirigidas al ámbito de la cultura para paliar los efectos de la pandemia sobre el sector.

El conseller ha destacado que este incremento de la tarifa de servicios a ancianos equivaldrá a 50,1 millones de euros, y permitirá un aumento del salario de los trabajadores del sector, que en la negociación del convenio se ha acordado que será del 6%, ha asegurado El Homrani, aunque grupos de la oposición han avisado de que no llegará a todos los trabajadores.

La Diputación Permanente también ha validado el decreto 2/2021, que prolonga ayudas extraordinarias al ámbito de la educación en el ocio y actividades extraescolares con seis millones de euros más, que se pueden solicitar hasta el 1 de marzo y para las que ya han recibido más de 2.400 solicitudes, distribuidas en las tres modalidades de ayudas.

El decreto se ha validado con el apoyo de Junts, ERC, el PSC y los comuns y la abstención del resto de grupos, los mismos votos con los que se ha convalidado el decreto 7/2021, de medidas dirigidas a cooperativas y empresas y entidades de la economía social ante la crisis generada por el coronavirus.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde Cs, Jorge Soler ha criticado que se hayan debatido los tres decretos a la vez aunque no estén relacionados entre sí, y ha dicho que al incremento del 4% de las tarifas de servicios a ancianos se debería sumar otro del 10%, para compensar "posiciones perdidas de hace una década".

La socialista Eva Granados ha resaltado que era necesario un aumento tras "diez años de congelaciones y rebajas" de las tarifas, pero ha asegurado que el incremento salarial deja fuera a parte de las patronales, tras lo que ha celebrado que los decretos validados incluyan colaboración entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

La republicana Marta Vilalta ha replicado que desde el SOC y la Conselleria de Trabajo de la Generalitat se pusieron en contacto con el Sepe en 18 ocasiones el año pasado, "y la respuesta del Sepe ha sido siempre el silencio".

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha pedido que estos incrementos de la tarifa del servicio vayan directamente a la mejora salarial de los trabajadores, sin que dependa de la negociación colectiva, y ha recordado que su partido quiere que estos servicios sean de gestión directa y pública.

Alejandro Fernández (PP) ha advertido de que las ayudas que prevén los decretos validados son insuficientes, y ha asegurado que incluyen "incoherencias, asimetrías y alguna injusticia flagrante" en ámbitos como el de la cultura.

Frances de Dalmases (Junts) ha aprovechado su intervención para lamentar que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo haya aprobado el informe que pide levantar la inmunidad al expresidente del Govern Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí: "Constata la nula voluntad de desjudicialización de las causas políticas del Gobierno de socialistas y Podemos. Hablar de diálogo y mantener la represión es una estafa política y una bajeza moral".