Endesa y las administraciones catalanas condonan la deuda de la factura de la luz a 35.500 familias

Las administraciones catalanas y Endesa han rubricado este viernes un acuerdo histórico, que permitirá que miles de familias catalanas vulnerabilizadas, unas 35.000, queden liberadas de la deuda acumulada de 2015 a 2020 con la compañía y tengan garantías por no acumular de nuevo a partir de ahora. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) viven este momento como una victoria que celebran, especialmente, por todas estas familias que han vivido angustiadas .

Los consellers Chakir El Homrani y Ramon Tremosa, en la firma de un convenio entre administraciones, entidades y la compañía Endesa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El texto acordado este lunes aborda las dos grandes cuestiones pendientes: la deuda acumulada y los futuros impagos. En cuanto a la deuda, Endesa condonará el 100% de las facturas impagadas por estas familias entre julio de 2015 y el diciembre de 2018. La deuda acumulada el 2019 y 2020, cifrado en más de 21 millones de euros, se repartirá a partes iguales entre la compañía y las diferentes administraciones. 

En total, se calcula que Endesa asumirá alrededor de 28 millones de euros (el 73% de la deuda contraída por las familias desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015). 

En cuanto a los futuros impagos, se acuerda la creación de un Fondo de Atención Solidaria, que posibilitará a las personas afectadas pagar considerablemente menos por sus facturas, evitando de este modo la generación de nuevas deudas. A este fondo contribuirán al 50% Endesa y las administraciones.

Ha sido un largo recorrido, pero la espera ha merecido la pena, puesto que hoy se pone una piedra más para conseguir erradicar la pobreza energética en Catalunya. Después del gran hito logrado con la aprobación de la Ley 24/2015, impulsada a través de una ILP que prohibía los cortes de suministro a hogares vulnerabilizadas.

La alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y Presidenta del área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Lluisa Moret, ha celebrado el acuerdo con Endesa asegurando que "hoy es un día transcendental para el país. Con unidad de acción y después de un largo tiempo y complejo hemos llegado a un acuerdo para desplegar la ley". Recuerdan que el organismo supramunicipal ya ha invertido dos millones en la lucha contra la pobreza energética en los últimos cuatro años.

La actual crisis sanitaria tendrá un impacto directo ‒como ya hemos empezado a ver‒ en decenas de miles de familias que no podrán hacer frente a sus facturas de suministros básicos.

Gracias a la Ley 24/2015, se han impedido 63.000 cortes eléctricos a familias vulnerables en Cataluña, un paso necesario para defender los derechos más básicos y la seguridad de miles de familias. Pero hacía falta un convenio regulador de la Administración con las empresas suministradoras para cancelar la deuda generada desde la aprobación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2020 y para regular el gasto generado por las situaciones de pobreza energética a partir del 1 de enero de 2021. Según Endesa, la deuda acumulada desde la aprobación de la ley el 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020 asciende a 38.793.524 euros.

Con los dos convenios firmados hoy, y que servirán de modelo para negociar con el resto de empresas suministradoras de gas y electricidad, las administraciones y las compañías se coresponsabilitzen del gasto social que supone la pobreza energética para proteger las personas vulnerables.

El acuerdo se ha trabajado y negociado a través la Mesa para abordar la pobreza energética, formada por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Departamento de Empresa y Conocimiento, las cuatro diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, el área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), la Asociación Catalana de Municipios, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Tabla del Tercer Sector Social de Catalunya

En paralelo en este acuerdo, el AMB ha puesto la pobreza energética en el centro de las políticas sociales. Para paliarla, hasta el año 2019 destinó 11 millones de euros. "Además, en 2020, con la creación del nuevo Plan metropolitano de apoyo a las políticas sociales municipales 2020-2023 y del Plan ApropAMB, se pusieron al alcance de los municipios un total de 24,6 millones de euros para llevar a cabo, entre otros políticas sociales, medidas tanto paliativas como preventivas contra la pobreza energética", ha apuntado durante la firma del acuerdo Héctor Santcovsky, director del área de Desarrollo Social y Económico de la AMB.