La asociación de vecinos de Gavà Mar se muestran en contra del proyecto de las pistas paralelas
Aena quiere lograr que el aeropuerto se convierta en un hub internacional.
@EP
La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no solo está afectando al espacio protegido de la Ricarda y a la tensión política entre el Gobierno Central y el Govern. La polémica ha llegado tan lejos que el Estado ha paralizado la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Barcelona.
Aena quiere llegar a la capacidad máxima de 90 millones de pasajeros durante el año. Para ello, consideran que es imprescindible crear una tercera pista en el aeropuerto y una nueva terminal, pero el problema es que todo esto afectará al espacio natural. La zona tiene alrededor la Ricarda y el Remolar. Por el momento, la Generalitat no ha vuelto a decir nada y la situación sigue paralizada.
La asociación de vecinos de Gavà Mar continúa con el movimiento de rechazo a los proyectos de las pistas paralelas. Ambas pistas se utilizarían para aterrizar y despegar de manera independiente como ya sucedía en 2007. Las protestas de los vecinos y las sentencias judiciales hicieron que las pistas quedaran divididas. La pista que da al mar es la que se utiliza para los despegues, mientras que la pista que está en la zona urbana se utiliza únicamente para los aterrizajes.
Además, existe otro problema. Hay algunos aviones que no pueden salir por la pista de 2.660 metros, ya que se queda corta teniendo en cuenta la dimensión del vuelo. Por tanto, necesitan utilizar la pista principal que tiene un total de 3.550 metros y que pasa por Gavà y Castelldefels. No obstante, Aena ha reconocido que tan solo son entre el 5% y el 10% del total de las operaciones que se realizan.
Aena sigue firme en que quiere convertir el aeropuerto de Barcelona en un hub internacional y para poder mantener este uso independiente de las pistas es necesario crear una tercera pista, ya que sino será imposible.
Tampoco salió adelante la propuesta del Ayuntamiento de Viladecans en 2012, ya que no obtuvo el consenso mayoritario por parte del Ayuntamiento de Gavà ni del Prat, ya que consideran que no elimina el impacto acústico y que rompía con el equilibrio mediambiental.
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