Derecho de huelga sí, y servicios mínimos también

Según el artículo 28.2 de la Constitución Española se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores. La ley regula el ejercicio de este derecho, pero establece también las garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad. Hay ocasiones que atendiendo al bien común se respeta, y otras, los autores hacen caso omiso de esa parte. Todos son derechos y las obligaciones son para otros.

La huelga salvaje que están protagonizando, por cuarta jornada consecutiva - y aún faltan unos días más- los maquinistas de Renfe afiliados al sindicato SEMAF ha puesto de manifiesto el incumplimiento flagrante de los servicios mínimos decretados. Ese incumplimiento está afectando en los trenes de cercanías a más 1,16 millones de personas cada día que sufren las consecuencias y los perjuicios que eso supone. Los servicios mínimos finalmente fueron fijados por la Audiencia Nacional en el 75% en hora punta y del 75% al 50% en hora valle. En Catalunya, el Departamento de Trabajo los fijó en un 85% del servicio. Servicios mínimos que son de obligado cumplimiento. Los maquinistas de SEMAF no los han respetado para el cabreo generalizado de los usuarios que se han visto privados de sus derechos, una vez más

Rodalies  @ep

Los maquinistas afiliados a SEMAF alegan que no recibieron comunicación. Excusa que se desmonta porque al parecer Renfe les había comunicado los servicios mínimos en tiempo y forma, y en algunos casos por triplicado. Lo que quiere decir que estos trabajadores “esenciales” que no se han presentado a cubrir los servicios mínimos están desobedeciendo una resolución administrativa dictada por las autoridades competentes y no por RENFE, su empresa.

¿La huelga de maquinistas de SEMAF es sindical o política? El conflicto no tiene reivindicaciones de mejoras salariales ni de puestos de trabajo. El sindicato fundamentó su huelga en dos puntos. El primero es recuperar la oferta pre-covid, con más maquinistas. Hay que decir que RENFE en pocos meses tendrá la plantilla de maquinistas más alta desde el inicio del Plan de Ocupación del 2016. Claro que, para eso, se necesita la formación adecuada para que puedan ejercer esa función. El sindicato ha votado en contra de que las personas que puedan ir a cabina durante la formación. ¿Solidaridad con los compañeros?

El segundo punto se refiere a evitar la transferencia de Rodalies de Catalunya a la Generalitat. Este asunto, según declaran miembros del Gobierno, no está sobre la mesa. La gestión la tiene la Generalitat desde el 2009. Hay que recordar que el 29 de diciembre del 2009, la comisión mixta de traspasos Estado-Generalitat ratificaba el traspaso del servicio ferroviario de Cercanías que pasaría a ser competencia de la Generalitat, a partir del 1 de enero del 2010. El entonces conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, presidieron la reunión de la comisión mixta de traspasos que firmaron el documento

Pero en ese acuerdo faltaba la financiación del servicio, es decir, que la Generalitat tendría que pagar a RENFE por el servicio. Finalmente, los presupuestos del 2021 contemplan esta asignación presupuestaria, lo que quiere decir que la Generalitat dispondrá de dinero para pagar el servicio de RENFE. Lo que nunca ha estado sobre la mesa ha sido la transferencia de recursos humanos y material.

La huelga de maquinistas de RENFE afiliados al sindicato SEMAF es una huelga política, que no laboral, por una decisión política que escapa a cualquier margen que ha de tener cualquier administración. Sea como sea, los efectos de esta huelga están afectando gravemente a los trabajadores, que entienden la legitimidad de la misma, pero que en el momento en que se ven afectados por el incumplimiento de los servicios, se vuelven en contra. Se han producido más de un altercado que en nada beneficia a los autores. Huelga sí, y cumplimiento de servicios también. Es lo que se escucha entre los afectados, que son más de 1,16 millones de trabajadores