Ayuntamientos del Baix contra el contenido de la reforma del bono social
Ambos ayuntamientos, juntamente con otros muchos de toda España, han presentado sus alegaciones considerando que el contenido de las reformas priorizan los intereses de las empresas antes que el de las familias.
El Ayuntamiento de Sant Feliu ha presentado alegaciones al proyecto del Gobierno por el que se regula el consumidor vulnerable, el bono social y las condiciones de corte de suministro, al considerar que su contenido prioriza los intereses de las empresas del oligopolio por encima del de las familias vulnerables.
Han presentado alegaciones conjuntas a este proyecto los ayuntamientos de Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Madrid, Valencia, Córdoba, Pamplona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Puerto Real, Moncada y Reixach, Pallejà, Sant Joan Despí, Santa Perpètua de la Mogoda y Rivas Vaciamadrid.
En las alegaciones presentadas esta semana en el Ministerio de Energía, Industria y Agenda digital, los ayuntamientos firmantes consideran que se debería bonificar el 50% y el 100% de un "consumo energético básico, que permita a las familias disfrutar de una vida digna", así como incluir la potencia contratada hasta un límite.
Los ayuntamientos ven igualmente en el proyecto de reforma del Gobierno del PP un ataque al principio de precaución que debería prevalecer ante el corte de suministro, al entender que esta es la manera más eficaz de evitar accidentes domésticos y eventuales tragedias. Y entienden que, para aquellas comunidades en las que se había regulado en esta dirección, como en Catalunya y Aragón, este proyecto de ley supone un claro retroceso.
La reforma del bono social estatal establece además dos criterios no vinculados con la situación económica familiar, para que una familia sea considerada en riesgo de exclusión: ser atendido por los servicios sociales y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras.
Las alegaciones critican también que el bono social se centre en el concepto de unidad familiar, por lo que podría dejar fuera todas aquellas hogares donde solo vive una persona. Por esta razón, solicitan también que dentro de la figura de consumidor vulnerable incluya explícitamente el concepto de persona física que resida sola en su vivienda habitual.
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