Para los partidos de la oposición la Comisión de INIPRO en Viladecans fue "una carrera de obstáculos"
La comisión duró nueve meses y se implantó unos pocos días después de que la Guardia Civil entrara en el Ayuntamiento de Viladecans, y según la opinión de la mayoría de la oposición, estaba hecha a medida del grupo de gobierno.
En el pleno municipal de 26 de mayo de 2016, se adoptó, entre otros, el acuerdo de creación de una comisión informativa especial sobre el Caso INIPRO después de que la Policía Judicial entrara unos días antes, el 4 de mayo de 2016, en el Ayuntamiento de Viladecans por el auto dictado por el Juzgado nº1 de Instrucción de Tarragona en el marco de la Operación Anfiteatro de la Guardia Civil. Esta comisión tuvo una duración de 9 meses y prescribía su estudio al periodo comprendido entre 2009 – 2016, aún estando declaradas secretas las actuaciones judiciales.
Es clave para el desarrollo de una comisión de investigación el establecimiento de las normas de juego y estas -según la opinión pública de la mayoría de los grupos políticos de la oposición- estuvieron hechas a la medida del equipo de gobierno municipal, y así por ejemplo, el alcalde nombró a dedo sin ningún consenso del resto de fuerzas políticas, a la presidenta de la comisión, eligiendo para el cargo a la portavoz de Ciudadanos, Carolina Torres .
No en vano cabe recordar que su alcalde, Carlos Ruiz vivió en 1997 , en esa ocasión como concejal, la controversia suscitada entorno a los contratos rubricados con INIPRO en el año 1994. Concretamente el 20 de noviembre de 1997 cuando el Secretario Municipal, emitió un informe a petición del entonces alcalde en relación a los contratos sobre “Servicios de Atención a la Infancia en Situación de Riesgo de 0 a 3 años” y “Desarrollo de los servicios municipales en el ámbito socio-educativo en el Centre Obert Can Palmer “.
En el informe afirmaba el entonces secretario que “la empresa contratista era una persona jurídica inscrita en el Registro Mercantil y por consiguiente, con plena personalidad para contratar, aunque su objeto social no estaba relacionado directamente con los contratos en el momento de su adjudicación”. Aunque se resaltaba en el informe que esta empresa “había firmado con el Ayuntamiento de Viladecans convenios de colaboración para el desarrollo de actividades socioeducativas para el año 1994 a plena satisfacción del Ayuntamiento”.
Es decir le adjudicaron estos servicios “sin tener inscrito el objeto social para la prestación de estas actividades”, requisito que parece ser satisfizo cuatro días después de la adjudicación, y en este sentido se dijo entonces que INIPRO pudo acogerse a esta excepción debido a “su experiencia y capacidad demostradas en otros contratos de servicios de mayor envergadura o importe” avaladas por los técnicos del Ayuntamiento de Viladecans. Ver para creer.
Esto había ocurrido en el Ayuntamiento de Viladecans, en 1994, antes que la Guardia Civil entrará a llevarse documentación en prolongación de la operación Anfiteatro con secreto de sumario sobre sus actuaciones.
Esto explicaría quizás porque se quiso incidir desde el equipo de Gobierno en delimitar a un periodo concreto (2009-2016) el estudio de esta comisión sobre INIPRO y a la que siempre se opuso que se llamara de “investigación” . Se puede entender que la misma naciera coja, al convertir en difícil, investigar posibles responsabilidades políticas cuando se sabe de antemano que la prestación de servicios con la empresa INIPRO se iniciaron a principios de los años noventa.
Pese a todo en el seno de la comisión, parece ser que a base de insistencia, se consiguió el consentimiento para que todos los partidos políticos pudieran acceder a la información municipal que se remontaba al año 1991 y hay quién si pudo encontrar “el origen de la prestación de servicios de INIPRO en el Ayuntamiento de Viladecans” que se inició según se relató públicamente en el pleno del mes de mayo de 2017, desde la misma constitución de INIPRO en 1990. Fue nacer esta empresa y ligar su actividad al Ayuntamiento de Viladecans. Una suerte de cliente institucional para la mercantil sobre la que se ha construido una relación empresarial-institucional ininterrumpida desde entonces, por un periodo que dura de 27 años hasta nuestros días.
LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE INIPRO
Pero dentro de esta comisión como la mayoría de grupos de la oposición expresaron en pleno fue una constante la “queja sobre la falta de diligencia del equipo de gobierno municipal en la entrega de la documentación que se solicitaba reunión tras reunión”. Habitualmente se “entregaba documentación incompleta” y continuamente “fuera del plazo estipulado por los miembros de la comisión”.
Esto explicaría porque se produjo una prórroga del periodo de vigencia de la citada comisión ya que no se había podido avanzar en el trabajo de la Comisión al no haberse “entregado la documentación en los tres primeros meses llegando a entregarse documentación pedida durante ese periodo más de seis meses después”. Ese modo de actuar del equipo de gobierno dilató e interfirió negativamente en el normal desarrollo de la comisión y en el trabajo político grupal, puesto que “al no llegar la documentación o llegar un día antes de la celebración de la reunión de la comisión están muchas veces eran inoperativas”.
Pero hay más porque en esa comisión sufrió todos los imprevistos habidos y por haber. Así antes de la primera reunión de constitución de la Comisión de INIPRO dimitió el Primer Teniente de Alcalde imputado por el Juzgado de Tarragona, Joaquim Guerrero, quién se despidió del consistorio mediante una carta en la que defendía su inocencia, tanto en su cargo público como en su responsabilidad política como Primer Secretario de la Agrupación del PSC de Viladecans.
Posteriormente llegó la dimisión de la siguiente Primera Teniente de Alcalde, Veronica Arasil, justo con la constitución de la comisión en junio de 2016, trabajadora en excedencia de INIPRO que no dio ningún tipo de explicación a nadie. A ninguno de ellos esta comisión de INIPRO pudo hacerle pregunta alguna.
Guerrero tras dimitir se incorporó a trabajar en una de las empresas municipales del Ayuntamiento de Viladecans, de la que estaba en “excedencia” y Aransil se reincorporó a INIPRO nada más cesar en sus responsabilidades políticas, empezando con trabajos de formación en “Técnicas de Estudio” en el Centre Jove Can Xic y posteriormente haciendo suplencias en el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
Puede afirmarse ante estas dos dimisiones que todos aquellos que podían dar explicaciones de primera mano sobre lo sucedido en el seno del Ayuntamiento de Viladecans con INIPRO, y concretamente sobre la pieza de la operación Anfiteatro, fueron desapareciendo del ámbito de influencia de la comisión.
Además en sus meses de trabajo por la comisión pasaron 3 Secretarios diferentes, se trabajó con la ausencia de la interventora en su recta final y sin llegar aprobar conclusiones ha visto como dimitían tres tenientes de alcalde, dos del PSC y uno de ICV-EUiA , y a los que les une haber tenido responsabilidades institucionales sobre servicios prestados por el Grupo INIPRO al Ayuntamiento. El último, José Luis Atienza, quién formó parte de la Comisión pero que no estuvo ya como concejal en el pleno de presentación de conclusiones. Atienza se marchó muy contrariado con algunos grupos de la oposición que llegaron a insinuar públicamente que su marcha tenía que ver con el desarrollo de la comisión, algo que él quiso dejar claro que nada tenía que ver con su marcha INIPRO. Lo cierto es que Atienza en su despedida dio por finalizada su carrera política a nivel local y fue despedido con honores en su último pleno del Consitorio.
Cabe destacar además que en incluso antes de la creación de la Comisión de INIPRO se vivieron momentos difíciles entre los grupos políticos del consistorio. En este sentido hubo fricciones entre los grupos políticos después que Ciudadanos, PP y Guanyem, escenificaran ante los medios que era suya la petición de la celebración de un pleno extraordinario sobre INIPRO, a sabiendas de que este se produciría, ya que este se había pactado por consenso en la reunión de urgencia con los portavoces a la que les convocó el Alcalde, el día anterior. Pero con estos comienzos el colofón final lo puso ERC que antes de la última de reunión de la Comisión -donde se iban a trabajar las conclusiones conjuntas- hizo públicas “las suyas”. Este acto provocó un tsumani en la relación de confianza con el resto de fuerzas políticas locales que emitieron un comunicado conjunto tachando la nota de prensa de ERC de “oportunismo político” ya que no se había tenido en cuenta la parte de trabajo colectivo que había en esas conclusiones de los miembros de la Comisión, y por lo que ERC pidió disculpas en pleno a los portavoces del PP y Viladecans sí se puede, que habían trabajado muy activamente en la misma como constaba en las actas. En toda esta refriega Viladecans sí se puede, fue el grupo político que presentó en el Pleno de mayo de 2017 el documento más extenso y completo producto de meses de trabajo en la Comisión y consiguió “in extremis” antes de que se produjera la disolución de la comisión de INIPRO un consenso con el resto de fuerzas políticas para que en el siguiente pleno se presentarán las conclusiones incluso de los regidores no adscritos y que cada cual defendiera las suyas y todas ellas fueran votadas.
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