Catalunya refuerza los ayuntamientos: más de 200 nuevos interventores y secretarios municipales

La Generalitat y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo clave para paliar la falta de secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamientos catalanes, un problema que afecta especialmente a los municipios pequeños y medianos.

Gracias a este pacto, la administración catalana podrá impulsar su propia oferta pública de empleo para funcionarios de habilitación nacional, lo que le permitirá gestionar la selección, formación, nombramiento y asignación de más de 200 nuevos profesionales en los consistorios.

Se trata de un cambio relevante en la organización administrativa catalana, que hasta ahora dependía del Gobierno central para la provisión de estos puestos. Con esta medida, Catalunya seguirá un modelo similar al del País Vasco, que ya gestiona directamente la selección de estos funcionarios esenciales.

Un déficit que afecta a la gestión municipal

Actualmente, solo el 36% de los 1.569 puestos de funcionario de habilitación nacional en Catalunya está cubierto, lo que genera importantes dificultades en la administración local. La ausencia de estos profesionales puede provocar retrasos en la aprobación de presupuestos, bloqueos en la ejecución de inversiones, problemas en la gestión de subvenciones y dificultades en la contratación de personal municipal.

La falta de interventores, en particular, supone un riesgo en el control del gasto público, ya que son los responsables de garantizar que los fondos municipales se empleen conforme a la normativa. Los secretarios municipales, por su parte, son esenciales para la correcta tramitación de acuerdos plenarios y la gestión legal del ayuntamiento.

Este nuevo acuerdo permitirá a la Generalitat cubrir parte de este déficit con una primera promoción de más de 200 funcionarios que serán asignados a los municipios con mayores necesidades.

Un acuerdo dentro de una estrategia más amplia

Este avance en la administración local forma parte de un conjunto de acuerdos alcanzados en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Comisión Mixta de Transferencias, donde también se han pactado medidas en materia de seguridad, justicia e inversiones.

Algunos de los compromisos más destacados incluyen:

• Aumento de la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030, superando el techo de 22.006 efectivos acordado en 2021.
• Creación de 60 nuevas unidades judiciales para reforzar el sistema de justicia en Catalunya.
• Creación de un consorcio de inversiones para hacer seguimiento y agilizar la ejecución de proyectos financiados por el Estado.
• Desbloqueo de 14 transferencias pendientes desde 2022, incluyendo infraestructuras hídricas, becas educativas y gestión de espacios naturales.

Más competencias para la Generalitat

El traspaso de competencias en la gestión de funcionarios municipales supone un paso más en la descentralización y fortalecimiento del autogobierno catalán.

Hasta ahora, la provisión de estos puestos dependía del Ministerio de Política Territorial, lo que limitaba la capacidad de la Generalitat para responder a las necesidades concretas de cada municipio. Con este nuevo sistema, el Govern tendrá mayor capacidad de gestión y podrá ajustar la oferta de empleo a la demanda real de los ayuntamientos.

Hacia una administración local más eficiente

El refuerzo de los interventores, secretarios y tesoreros municipales es una medida clave para mejorar el funcionamiento de los ayuntamientos catalanes, permitiéndoles operar con mayor autonomía y eficacia.

Con esta iniciativa, la Generalitat busca garantizar que todos los municipios, independientemente de su tamaño, cuenten con los profesionales necesarios para asegurar una gestión pública eficiente y transparente.

Este acuerdo responde a una demanda histórica de los consistorios y supone un avance en la mejora de la administración local, facilitando que los ayuntamientos puedan ejecutar sus presupuestos y gestionar los recursos de manera más ágil y eficaz.