Un grupo de ciberdelincuentes estafa a los Ayuntamientos de Viladecans, El Prat y Molins de Rei

Un grupo de ciberdelincuentes ha robado 8 millones de euros a veinticinco entidades públicas catalanas, entre ellas ayuntamientos, hospitales y consejos comarcales.

Uno de los casos más destacados es el del Ayuntamiento de Viladecans, que pagó a los estafadores 544.000 euros creyendo que abonaba un importe a la empresa que prestaba los servicios de atención domiciliaria (SAD). De la comarca, también han denunciado estafas los ayuntamientos de Molins de Rei y de El Prat. En concreto, el consistorio de Molins de Rei transfirió 62.900 euros por un falso servicio de limpieza.

La banda de delincuentes utilizaba un método llamado 'mailer'. Esta se hacía pasar por un proveedor y enviaba un correo a las administraciones informando de que había cambiado de cuenta, con tal de abonar la prestación de un supuesto servicio. La organización obtenía los proveedores en el portal de transparencia. Entonces imitaba su logotipo y creaba una cuenta de correo electrónico muy similar al original para reclamar el pago de las facturas. Una vez abonado el importe, este era transferido a otras cuentas para dificultar el rastro.

Según ha publicado La Vanguardia, los estafadores informáticos se quedaron con más de medio millón de euros del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), 498.620 del Hospital de Sant Pau y 481.403 euros del Consejo Comarcal del Baix Ebre. También destacan otros casos como el del Consorcio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona y el de municipios como Cervera, Vila-seca y los consejos comarcales del Baix Penedès, el Alt Empordà y el Pallars Jussà.

La investigación de los Mossos d'Esquadra se inició en julio de 2020 con una alerta del centro médico Delfos, a partir del cual se se habían hecho pagos por valor de 625.536 euros en dos meses. Posteriormente, los delincuentes habían transferido parte de este importe a cuentas de Budapest. La policía y las entidades bancarias bloquearon las cuentas, pero solo pudieron inmovilizar la mitad del dinero porque el resto ya había sido transferido.

El caso está ahora remitido al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia española, en una macrocausa que investiga una organización internacional dedicada a estafar entidades públicas por todo el Estado. De hecho, la policía española detuvo el 2019 en Fuenlabrada a un miembro de este grupo, que llevaba 22 tarjetas bancarias a nombre de cinco personas y algunas tenían la misma fotografía.