Los nuevos dueños de Celsa fichan a la consultora FTI y los sindicatos quieren participar en la búsqueda del socio industrial

La toma de Celsa por parte de los nuevos dueños, los fondos de acreedores liderados por Deutsche Bank y otros fondos como Anchorage, Capital Group y Attesor Capital, avanza a buen ritmo y quieren dejarlo todo atado lo antes posible con la incorporación de una consultoría estratégica, FTI, que se encargará de gestionar la toma de la mayor siderúrgica de España.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó a inicios de septiembre, una sentencia que acuerda la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa. Esto quiere decir, que la familia Rubiralta ya no es la dueña de la empresa, sino los accionistas. Actualmente el accionariado de la empresa está compuesto principalmente por Deutsche Bank y Attestor. Ambos fondos son los principales actores que han tomado el control económico a la familia Rubiralta.

Esta decisión fue solo la primera piedra de todo un ensamblaje gigantesco que implica el cambio de gerencia de una empresa primordial en la industria de España y del Baix Llobregat por su cercanía con la comarca, principalmente Sant Andreu de la Barca, con la que comparte frontera. Todo ello, ha llevado al Gobierno a exigir a los nuevos dueños, fondos acreedores, a vender el 25% de la empresa a un inversor industrial.

Otra de las decisiones que se tomaron justo después de la decisión del traspaso de dueños, fue la asignación de Rafael Villaseca como presidente del consejo de administración de la empresa en sustitución de Francesc Rubiralta.

No obstante, el cambio de dueños implica un conjunto de acciones muy complejas que desde los fondos acreedores han visto conveniente encargar a FTI Consulting, que ya ha empezado a colaborar con los implicados. La empresa FTI se encarga de ayudar a enderezar malas situaciones en empresas con problemas, ha trabajado con grupos como Telepizza o Naviera Armas. Esta problemática de Celsa tiene en jaque a todo el Baix Llobregat, que ve como su industria tiembla con los problemas en las empresas de Roca y Bayer.

Por otro lado, los fondos acreedores están trabajando para obtener el visto bueno del Gobierno en la transición de la empresa. El escudo antiopas, establecido en las empresas consideradas estratégicas en España, obliga a los fondos acreedores a pasar antes por el Consejo de Ministros para sus próximos movimientos. Está establecido que aquellos fondos que tengan más de un 10% de la empresa, deben solicitar autorización, pero al tratarse de dos fondos comunitarios, (de la Unión Europea), no está claro que tenga que ser así y tanto Deutsche Bank y Attesor Capita no tendrían, supuestamente, que pedir autorización.

No obstante, los nuevos dueños no tienen intención de enfadar a Madrid, por lo que ya llevan meses, incluso sin conocerse la decisión del juez, negociando este visto bueno. Estas conversaciones se prolongarán todavía más tiempo, con condiciones con la de no mover el domicilio social o mantener a los 7.000 empleados. Sea como sea, estamos ante unas negociaciones largas que veremos como concluyen.

UGT QUIERE PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA DEL SOCIO INDUSTRIAL

Mientras tanto públicamente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado  que los sindicatos participen en el proceso de búsqueda de un socio industrial en Celsa que acompañe a los fondos acreedores después de que una sentencia les ha otorgado la propiedad. Lo ha dicho en Barcelona antes de participar en la inauguración de una exposición sobre el 135 aniversario del sindicato.

En ese encuentro UGT pidió a los gobiernos que se impliquen más en la resolución del conflicto a Celsa. Álvarez recordó al Estado que "tiene la posibilidad de retener e incluso de impedir el proceso", porque tienen que autorizar la reestructuración al tratarse de una empresa estratégica. El sindicato voz necesario añadir a la ecuación a un socio industrial con capital español para dirigir una cuestión que "no es menor" porque la economía "se juega miles de puestos de trabajo".

Además, ha exigido a la Generalitat que "entre en materia", lamentado que el tema pasara desapercibido en el debate de política general. "El mantenimiento de los puestos de trabajo pasa para que la empresa no caiga en manos de los que solo invierten por especular", ha reiterado Álvarez.

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