Para ERC y Junts la Amnistía es más prioritaria que mantener Celsa en manos de empresarios catalanes

Francesc Rubiralta parece ser que se ha reunido con los principales líderes políticos para tratar de mantener la propiedad de Celsa, compañía fundada por su padre y cuya titularidad va a pasar a manos de los acreedores por decisión judicial. 

Fuentes próximas a las conversación afirman que hasta la fecha eel presidente y consejero delegado del grupo siderúrgico ha tenido varias reuniones con los responsables del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, en busca de un último intento por recuperar  CELSA.

La intención de Rubiralta ha sido, agradecer el apoyo  tanto desde el PNV como desde ERC y Junts le dieron durante la batalla judicial contra los fondos acreedores, y por otra, un último esfuerzo pra incluir el futuro de Celsa en las conversaciones con el Estado en funciones para la reelección de Pedro Sánchez. 

EL ACUERDO ENTRE EL ESTADO Y LOS NUEVOS PROPIETARIOS PUEDE DEMORARSE HASTA 3 MESES

Aunque Manuel de la Rocha, mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos económicos, ya ha alcanzado un principio de acuerdo con Deutsche Bank, Attestor y el resto de los acreedores de la compañía catalana, el memorando de entendimiento tiene todavía que ser refrendado por las distintas secretarías de Estado y, en última instancia, por el Consejo de Ministros. Unos trámites que pueden alargarse entre dos y tres meses, por lo que Rubiralta ha entendido que aún le quedaba una oportunidad para tratar de evitar la pérdida de la totalidad de las acciones de Celsa. 

Fuentes próximas a ERC y Junts han confirmado que Rubiralta pidió también cita con Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, así como con Roger Torrent, consejero de Empresa y Trabajo del Gobierno regional. Asimismo, mantuvo una reunión con Jaume Giró, exconsejero de Economía y Hacienda y persona relevante de una de las facciones de Junts. El fundador de Celsa ha llegado a mantener una conversación con Carles Puigdemont, en cuyas manos está la investidura de Sánchez. El objetivo de estos encuentros con los líderes nacionalistas catalanes fue el mismo: agradecer su respaldo público y solicitarles que, dada la relevancia de Celsa para Catalunya, incluyeran en las negociaciones con la Moncloa la posibilidad de retener parte de la propiedad de la empresa fundada por la familia en 1967. La respuesta, según estas fuentes, no ha sido muy favorable, dada la tensión política actual por la exigencia de la amnistía, el referéndum de independencia y una reducción de la deuda regional.

En ERC y Junts consideran que la prioridad es la Amnistía y para ellos mantener la propiedad de Celsa en manos de empresarios catalanes no está ahora mismo entre las urgencias inmediatas. 

LOS SINDICATOS DE CELSA RECUERDAN A LOS INVERSORES QUE LA EMRPESA ES CLAVE PARA LA DESCARBONIZACIÓN DEL PAÍS

La preocupación en los sindicatos sobre el futuro de Celsa no desaparece pese a los distintos pasos adoptados tanto desde los fondos acreedores, los nuevos dueños de la empresa y el Estado, que lucha para dar cumplimiento a la Ley Antiopas, activa en todas aquellas empresas estratégicas en España.

La toma de Celsa por los nuevos fondos acreedores ha levantado preocupación en los sectores sindicales que no quieren ver como una de las principales empresas del país y la comarca del Baix Llobregat puede ver peligrar su continuidad. Es por ello, que el Estado incide en esta toma de control a través de una serie de medidas que hemos ido explicando en este medio. En primer lugar, ha habido exigencias como la entrada de un nuevo inversor de carácter industrial.

Desde los fondos acreedores se ha mostrado esta voluntad de colaborar para hacer oficial este cambio de dueños, es por ello que la toma de Celsa por parte de los nuevos dueños, los fondos de acreedores liderados por Deutsche Bank y otros fondos como Anchorage, Capital Group y Attesor Capital, avanza a buen ritmo y quieren dejarlo todo atado lo antes posible con la incorporación de una consultoría estratégica, FTI, que se encargará de gestionar la toma de la mayor siderúrgica de España.

LOS GRANDES AVANCES EN LA DESCARBONIZACIÓN DE CELSA LA CONVIERTEN EN UN REFERENTE EUROPEO

En declaraciones a Vilapress, el Secretario General de la Sección Sindical Intercentres de CCOO de Celsa Group, Juan Carlos Serrano, ha querido destacar la importancia estratégica de esta empresa, que además se posiciona como las más avanzadas en el proceso de descarbonización. 

"Es la principal consumidora eléctrica de Catalunya y de las principales fabricantes de acero de toda Europa. En Catalunya juega un rol importante, ya que había realizado un cambio del proceso del acero fundiendo acero con energía eléctrica, mientras que el resto de competidores lo hacen con carbón", afirma  el representante sindical.

Esto posiciona a la fundiciones que dan trabajo a mucha gente del Baix Llobregat, en una posición estratégica frente a los distintos procesos de descarbonización de Europa. Fundir todo el hierro mediante electricidad, y no carbón, principal materia prima empleada en las fundiciones europeas, genera un nuevo mercado para la empresa catalana con muchas oportunidades. Además, también se alinea con los valores renovables, al fundir en su totalidad chatarra, dando una segunda vida al acero, en un sistema de economía circular.

LOS SINDICATOS ESTÁN PREOCUPADOS: "LA DECISIÓN LA TOMA UN JUEZ SIN PARTICIPACIÓN DE LA GENTE AFECTADA"

Juan Carlos Serrano explica que "el proceso del Celsa nos preocupa y mucho por los efectos que tiene la modificación de la Ley Concursal, porque el procedimiento que se lleva a cabo que depende de un juez, no se nos da participación a los trabajadores en el proceso". 

Desde el sindicato denuncian la preocupante situación provocada porque la decisión "se toma en cuenta la parte financiera cuando es también mucho más un aspecto social e industrial".

"Estamos poniendo en manos de unos fondos que no dejan de ser lo que son, no tienen un interés industrial"

CCOO está preocupado porque en el proceso "se niega la participación de los implicados", reduciendo a un juez y el Gobierno junto los nuevos fondos acreedores. No obstante, exigen que se cumplan las condiciones que ya planteó en su momento el gobierno y que aseguren un proyecto industrial.

En declaraciones a Vilapress, Juan Carlos Serrano explica que "estamos exigiendo que se exijan las condiciones que ya se exigieron". "Cualquier solución pasa por dar el compromiso de garantía y elementos y condiciones para que se mantenga el empleo y el conjunto industrial y su evolución de la descarbonización".