Los municipios podrán fijar su límite de pisos turísticos

Esquerra Republicana y PSC han acordado brindar a los ayuntamientos catalanes la libertad de establecer límites en la cantidad de pisos turísticos permitidos en sus municipios. Esta decisión representa un cambio significativo con respecto al texto original del Govern de la Generalitat, que proponía un límite general de diez pisos turísticos por cada 100 habitantes en toda Catalunya. P

ara otorgar nuevas licencias, los consistorios también debían garantizar la capacidad de satisfacer la demanda de vivienda permanente.

Tras negociaciones intensas, el Parlament respaldó el decreto con los votos a favor de ERC, PSC, Comunes y CUP. Sin embargo, la oposición de Junts, Ciutadans, Vox y PPC se manifestó con votos en contra. Además, el texto se tramitará como proyecto de ley para incorporar las modificaciones acordadas durante las negociaciones.

En una medida adicional, Esquerra y PSC acordaron reducir el número de municipios sujetos al régimen de licencia previa de 262 a 140, dirigido a aquellos con una ratio de 5 o más pisos turísticos por cada 100 habitantes, considerados actualmente con un mercado de vivienda tenso.

A pesar de la tramitación exitosa del texto, la consellera de Territorio, Ester Capella, expresó su descontento con algunos cambios acordados y anunció su intención de revertirlos. Mientras que el diputado del PSC, Òscar Ordeig, defendió el acuerdo, destacando la importancia de otorgar autonomía a los ayuntamientos.

Las reacciones mixtas ante la nueva regulación no se hicieron esperar, y la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos, Federatur, criticó la normativa y anunció la intención de llevarla al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, Enrique Alcántara, calificó la regulación como "mala" para el sector y la economía.

El enfrentamiento sobre la regulación de viviendas turísticas en Catalunya ha generado controversia y fuerte oposición, destacando la preocupación sobre posibles repercusiones en la industria turística y la economía local. Airbnb también advirtió sobre consecuencias no deseadas de la normativa propuesta, señalando limitaciones en lugares con gran oferta de viviendas pero poca población.

"CORRESPONDE AL ESTADO"

La diputada de Vox, Isabel Lázaro, ha asegurado que es necesaria una regulación de los pisos turísticos, pero que le corresponde al Estado hacerlo, y ha acusado al Govern de culpar del problema "a las personas físicas y jurídicas que para salir adelante han invertido su capital" en esta actividad económica. 

Susanna Segovia (comuns) ha reclamado a los grupos parlamentarios responsabilidad para hacer las modificaciones necesarias poniendo por delante la defensa del derecho a la vivienda, y ha criticado que PSC y Junts se escuden en la autonomía municipal para criticar el decreto: "Tal vez recibir la carta de Airbnb que recibimos todos los grupos parlamentarios un poco de peso también tiene". 

Joan Garcia (Cs) ha acusado a la consellera de hacer un "discurso ortodoxo de turismofobia", ha criticado que el Govern defienda, según él, que la situación de crisis de precios de la vivienda sea culpa del sector turístico, que ha instado a no criminalizar, en sus palabras, y ha cuestionado que el Decreto dé seguridad a los propietarios. 

El popular Daniel Serrano ha sostenido que el PP estudiará la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ya que considera que este decreto "limita el derecho de propiedad sin indemnizar a los afectados, lo que suscita dudas sobre su constitucionalidad". 

El diputado de ERC, Pau Morales, ha acusado a Junts de alinearse con los intereses privados "al lado de la extrema derecha y de la derecha extrema" y ha asegurado que la política de vivienda del Govern necesita tiempo y recursos para dar sus frutos, pero que es real y prioritaria y ya está en marcha, en sus palabras.