ERC y Junts han propuesto enmiendas separadas con el objetivo de promover una modificación en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que otorgaría a la Generalitat las competencias para designar a los interventores, los secretarios y los tesoreros de los ayuntamientos catalanes.

Junts quiere nombrarlos y ERC poder cesar a los que ya ocupan su cargo

La enmienda que ha presentado Junts se limita a reclamar para la Generalitat el ejercicio de las competencias en la materia de acuerdo con los principios de descentralización de competencias hacia Catalunya establecidos en el Estatut.

Pero ERC va más allá y plantea que la Generalitat tengan la capacidad de cesar a los habilitados nacionales que a día de hoy cumplen estas funciones en los ayuntamientos catalanes y sustituirlos tanto por funcionarios reclutados por concurso de méritos ( donde no medie una oposición) como, excepcionalmente, su plaza pueda ser ocupada por personal de libre designación.

Interventores, secretarios y tesoreros locales velan por el cumplimiento de la legalidad

La Legislación actual estipula que la finalidad de los interventores, secretarios y tesoreros es la de garantizar el cumplimiento de la legalidad en las corporaciones locales. 

Esto implica funciones como verificar la legalidad y validez de los actos administrativos, brindar asesoramiento legal necesario, realizar el control interno y la fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria de los municipios, así como encargarse de la contabilidad, la tesorería y la recaudación.

Actualmente, su nombramiento es competencia  íntegramente dek Estado, aunque entre 2007 y 2013 esta competencia fue transferida a las comunidades autónomas. 

ERC pretende recuperar la función que ya se implantó tras la aprobación del Estatuto del Empleado Público de 2007, que previó la cesión de las competencias sobre este cuerpo de funcionarios a las comunidades autónomas, cuando se sustituyó la naturaleza de la habilitación de estos funcionarios.

Desde la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) que representa a más de 6.000 funcionarios habilitados, observan preocupados las intenciones de ERC y Junts y lo interpretan como un intento de tomar el control de la administración local catalana con estas enmiendas y advierten sobre los riesgos asociados a ello.

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