El director de la DGT defiende el caos de las Zonas de Bajas Emisiones: "El país es el que es"

El caos provocado por la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España sigue generando controversia. Desde su puesta en marcha hace casi dos años, estas zonas han transformado el tráfico urbano en un auténtico laberinto de prohibiciones y multas, con sanciones de 200 euros para los conductores que no comprenden las restricciones. Pere Navarro, director general de la DGT, ha justificado esta situación con la afirmación: «El país es el que es».

UN CAOS SIN PRECEDENTES

La obligación de establecer ZBE en todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, vigente desde principios de 2023, solo ha sido cumplida por el 20% de las urbes. Esta disparidad ha llevado a una situación caótica, donde cada ciudad aplica sus propias normas y sanciones. En lugares como Madrid y sus alrededores, los conductores pueden acumular hasta 1.000 euros en multas en cuestión de minutos debido a las diferencias en las regulaciones locales.

Durante una entrevista en el programa Herrera en Cope, Pere Navarro abordó las críticas sobre la falta de coherencia en la implementación de las ZBE. Al ser cuestionado por Luis Ventoso, director adjunto de El Debate, Navarro respondió: «Estamos haciendo un esfuerzo para coordinarlo todo a través del Reglamento de Circulación con la Federación de Municipios, pero el país es el que es y cada uno quiere inventar sus peculiaridades».

Las incoherencias en la aplicación de las ZBE han resultado en que muchos vehículos sin etiqueta ambiental sean prácticamente inviables en las ciudades, empujando a los propietarios a deshacerse de ellos o a mudarse a localidades más pequeñas donde estas restricciones no se aplican. Esto no solo afecta a los conductores, sino también a la economía de las zonas más afectadas.

UN REVÉS JUDICIAL

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado recientemente las ordenanzas municipales de ZBE en Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues, alegando que las restricciones no están suficientemente justificadas. Esto ha llevado a que algunas de estas ciudades tengan que devolver millones de euros en multas. Hospitalet, por ejemplo, estima que deberá reembolsar cerca de dos millones de euros a los conductores sancionados.

Según el tribunal, las restricciones a la circulación de vehículos más antiguos no están suficientemente justificadas. La sentencia critica la falta de valoración del impacto económico sobre los conductores, especialmente aquellos con menos recursos, y la ausencia de consideración de medidas alternativas menos restrictivas. Además, señala que las exclusiones aplicadas en las ordenanzas carecían de explicaciones claras.

Como consecuencia, ciudades como Hospitalet deberán devolver millones de euros en multas impuestas bajo estas ordenanzas. En contraste, Sant Adrià ha actualizado su normativa para cumplir con las exigencias del TSJC, mientras que Esplugues ha decidido apelar la decisión ante el Tribunal Supremo. La sentencia subraya la necesidad de un equilibrio entre las restricciones ambientales y los derechos de los ciudadanos, instando a una justificación más sólida y equitativa de las medidas adoptadas.

FUTURO INCIERTO

A pesar de los esfuerzos por coordinar y armonizar las ZBE, la realidad es que la situación actual sigue siendo un rompecabezas para los conductores y las autoridades locales. Mientras algunas ciudades como Sant Adrià han actualizado sus ordenanzas para cumplir con las nuevas exigencias, otras como Esplugues han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para mantener sus regulaciones vigentes.

El debate sobre la gestión de las ZBE y su impacto en la vida de los ciudadanos y la economía local continúa siendo un tema candente, con muchas ciudades aún buscando la mejor manera de implementar estas zonas de manera justa y efectiva.

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