¿Cuánto le cuesta a cada vecino pagar "el enganche de luz ilegal" de una plantación de marihuana?

Las plantaciones ilegales de marihuana en Catalunya suponen un problema real que no para de crecer desde hace una década. El Baix Llobregat es una de las comarcas más afectadas dentro del territorio catalán que si por si fuera poco suma por esta razón el creciente problema de fraude eléctrico asociado al cultivo ilegal de marihuana.

Entre las poblaciones afectadas se encuentra, entre otras, Martorell, Cervelló, Gavà, Viladecans o Esparraguera donde  durante el  2024 se han producido grandes operativos para desmantelar plantaciones ilegales. Según los registros de 2023, último año con un registro completo de datos, la policía catalana decomisó más de medio millón de plantas de marihuana, un incremento del 136% respecto al 2019. Esta actividad, desarrollada en naves industriales y pisos particulares, ha puesto en riesgo la seguridad de infraestructuras, incrementando los costes para la ciudadanía, afectando directamente a la calidad de vida y al bolsillo de los vecinos afectados. Un costo que supera los 2.000 millones de euros al año para los contribuyentes en toda Catalunya. 

Consumo desorbitado y riesgo de seguridad

El consumo eléctrico de un piso de 100 m² dedicado al cultivo de marihuana equivale al de 100 viviendas normales, según advierten las compañías eléctricas. Esta situación no solo genera un riesgo de incendios y sobrecarga de instalaciones, sino que también afecta a la infraestructura eléctrica de municipios clave del Baix Llobregat.

Los Mossos confirman que, normalmente, estas plantaciones cuentan con "instalaciones complejas" ilegales para el mantenimiento de la marihuana que pueden suponer "graves riesgos" en la zona de producción, que no cuentan con las medidas obligatorias de seguridad.

Actualmente, en Catalunya se desmantelan una media de 2'5 plantaciones de marihuana al día. 

Las compañías eléctricas alertan además del peligro que supone este consumo intensivo en redes no diseñadas para una demanda tan alta, lo que convierte a estos puntos en "zonas calientes" susceptibles de incidentes. Además, el crecimiento de bandas organizadas vinculadas al narcotráfico añade un componente de violencia que obliga a las empresas eléctricas a trabajar bajo estrictas medidas de seguridad.

Impacto económico y social

"El fraude lo pagan todos los consumidores", ha recalcado el responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola), Álvaro Ryan. El fraude eléctrico derivado del cultivo de marihuana en Catalunya, una de las principales rutas hacia el norte de Europa, cuesta a los consumidores españoles más de 2.000 millones de euros anuales, según Endesa. 

Esto equivale a un incremento de 69 euros por punto de suministro para los hogares.

Por acercar un poco más el dato al Baix Llobregat, el consumo eléctrico de un piso de 100 metros cuadrados dedicado al cultivo de marihuana equivale al de cien viviendas normales de las mismas dimensiones. O lo que es lo mismo, el impacto energético de dichas instalaciones equivalen al gasto energético de dos años de una ciudad como l'Hospitalet de Llobregat, municipio con más de 285.000 habitantes.

Este coste se traduce en una carga adicional para las familias del Baix Llobregat, una comarca donde la producción industrial y agrícola se ve comprometida por estas prácticas ilegales.

Reacción y necesidad de normativa actualizada

Las empresas energéticas demandan una actualización del marco legal, vigente desde el año 2000, para combatir eficazmente este problema. Expertos señalan que es imprescindible diferenciar entre pobreza energética y fraude eléctrico. 

El Club Español de la Energía, en la jornada 'Soluciones para una mayor seguridad del sistema ante la defraudación del fluido eléctrico' señalaron la gravedad de una situación que "va a ir a peor" en los próximos meses, sino se mejora el marco legal y regulatorio.

Mientras que la primera requiere mecanismos sociales de apoyo, el fraude debe ser enfrentado con contundencia.

En este contexto, el Baix Llobregat debe intensificar sus esfuerzos para garantizar la seguridad energética y proteger su infraestructura, clave para seguir siendo una de las comarcas más dinámicas y exportadoras de Catalunya.

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