La oposición en Castelldefels exige priorizar vivienda pública sobre un nuevo mercado y zona comercial

En plena crisis de acceso a la vivienda y con uno de los alquileres más caros del área metropolitana de Barcelona, Castelldefels vuelve a centrar el debate político en el uso del suelo público. La oposición —formada por PSC, Movem-En Comú Podem y ERC— reclama al gobierno municipal que reconsidere el plan para urbanizar los terrenos de la antigua fábrica Rocalla y, en su lugar, ceda el espacio a la Generalitat para levantar 100 viviendas de protección oficial.

Actualmente, el solar, situado en la calle Arcadi Balaguer, funciona como aparcamiento, pero el equipo de gobierno —formado por PP y Som y liderado por el alcalde Manu Reyes— aprobó el pasado marzo una modificación urbanística que prevé construir en ese lugar el primer mercado municipal de la ciudad, locales de restauración y una gran superficie comercial. El plan también incluye un aparcamiento subterráneo de más de 500 plazas y la revalorización de elementos del patrimonio histórico local, como las torres de defensa.

No obstante, desde la oposición denuncian que el proyecto deja de lado una oportunidad clave para combatir la emergencia habitacional en el municipio, donde el precio medio del alquiler supera los 1.160 euros mensuales, según datos del Incasòl. Las tres formaciones han comparecido este jueves en rueda de prensa en el propio solar para presentar una moción que se debatirá este viernes en el Pleno municipal. Su objetivo: frenar el actual proyecto comercial y apostar por la construcción de viviendas públicas en colaboración con el Govern.

Alternativas y cesiones

La oposición propone que, además de este solar, el consistorio ponga a disposición de la Generalitat otros tres terrenos públicos con el fin de construir hasta 200 pisos protegidos en total. Consideran que el ayuntamiento podría haber optado por adquirir terrenos anexos al solar de la Rocalla, donde ya hay una previsión para levantar una treintena de viviendas, un 30% de las cuales serían protegidas.

Esta reivindicación no es nueva. En 2022, el anterior gobierno municipal, formado por PSC, Movem, ERC y Junts, ya intentó llevar a cabo una modificación similar. Aquel plan contemplaba 74 viviendas, zonas verdes y aparcamiento, pero fue tumbado por el voto en contra del PP, Ciutadans y la propia Movem, que ya había abandonado el ejecutivo. El desacuerdo se centró entonces en el porcentaje de viviendas públicas: casi la mitad eran de mercado libre, algo que desde la oposición actual consideran “insuficiente”.

La postura del gobierno

Desde el equipo de gobierno, el concejal Ramón Escolà ha defendido el actual plan asegurando que, con el traslado de edificabilidad a otros terrenos como el de la calle Església, se construirán un total de 89 viviendas, 69 de ellas protegidas. Además, ha subrayado la creación de nuevos espacios verdes, la reducción de viales y la pacificación del entorno como valores añadidos del proyecto.

Escolà también recordó que la modificación urbanística busca dotar al municipio de un mercado municipal largamente demandado por los vecinos, así como solucionar el déficit de aparcamiento en el centro de la ciudad.

Un pasado que aún pesa: el amianto

Uno de los puntos pendientes, más allá del uso urbanístico, es la desamiantización del terreno. La antigua Rocalla, dedicada a la producción de fibrocemento y adquirida por Uralita en 1982, dejó un legado tóxico en la zona. Numerosos trabajadores enfermaron por exposición al amianto, y actualmente el ayuntamiento ya ha encargado un estudio a una empresa especializada para determinar la presencia del material y proceder a su retirada antes de iniciar cualquier obra.