Sancionan al ayuntamiento de El Prat por incumplir el decreto de sequía
Los hechos sancionados corresponden al pasado 2023
El Ayuntamiento de El Prat se enfrenta a una sanción de 2.000 euros impuesta por la Agencia Catalana del Agua (ACA) debido al llenado del lago artificial en el Parque de la Solidaridad, una acción que generó controversia en el pleno municipal.
Vilapress ya adelantó en exclusiva el pasado mes de julio de la inspección que iba a llevar a cabo la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para evaluar la actuación del Ayuntamiento de El Prat. Este proceso se centra en el llenado, el pasado 8 de abril de 2023, de un estanque en el Parque de la Solidaridad con agua freática, acción realizada mientras estaba en vigor el DECRETO LEY 1/2023, de 28 de febrero, que establece medidas extraordinarias para abordar la situación de sequía excepcional.
La ACA acusa al consistorio de incumplir la normativa que restringe ciertos usos del agua durante periodos de sequía, prohibiendo el llenado total o parcial de lagos artificiales. La sanción se fundamenta en la violación de estas restricciones, aplicables tanto en régimen de alerta hidrológica como en situaciones excepcionales.
El Ayuntamiento presentó alegaciones, indicando que el llenado del lago se realizó como parte de la recepción de obras tras la construcción de un estanque, adjudicado mediante un contrato menor. Se aseguró que el llenado previo tenía como objetivo comprobar la estanqueidad, y después de la recepción, el agua se utilizó para limpieza de espacios públicos y la red de alcantarillado. Se subrayó que no se llenó el lago con fines ornamentales, sino como parte del proceso de recepción de la obra, evitando posibles reclamaciones por demora en la recepción.
Sin embargo, la ACA sostiene que el Ayuntamiento ya era consciente de la prohibición de llenado debido a la sequía cuando adjudicó el contrato para la construcción del géiser el 5 de diciembre de 2022. La normativa de prohibición entró en vigor el 25 de noviembre de 2022.
La resolución de la ACA impone una multa de 2.000 euros al consistorio, considerando que, aunque no se causaron daños al dominio público hidráulico, se infringió la normativa en un contexto excepcional de sequía.
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