Adiós a un edificio histórico: Esplugues agiliza la expropiación de El Barco para derruirlo
El edificio se encuentra en un estado de abandono y en los últimos días se ha caído un falso techo
La caída de un falso techo el 23 de febrero en una vivienda del complejo residencial conocido como "El Barco" ha acelerado el proceso de expropiación de este bloque de 38 viviendas ubicado en el parque de Els Torrents. Tras una revisión posterior que reveló riesgos similares en otras unidades habitacionales, se ha determinado la necesidad de derribar el edificio, ya que ocupa terrenos designados como zona verde según el Plan General Metropolitano (PGM).
La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, junto con los tenientes de Alcaldía Eduard Sanz y Oliver Peña, informaron a las familias afectadas en una reunión el pasado miércoles 6 de marzo en el Espai Baronda. El Ayuntamiento recientemente adquirió El Barco, que anteriormente estaba en manos de un propietario que tenía todos los pisos alquilados, con el objetivo de llevar a cabo el proceso de demolición.
“El calendario previsto para buscar una salida individualizada a cada familia, en función de su situación, deberá adelantarse, porque no queremos que haya ningún riesgo para las personas”, dijo la alcaldesa. Los primeros informes técnicos concluyen que el desprendimiento tiene origen en humedades y que es necesario revisar la totalidad de las viviendas para ver el alcance real. Además, de forma inminente se realizarán obras de emergencia en las partes de las cuatro viviendas donde se ha detectado este problema.
Simultáneamente, se pondrá en marcha un proceso de acompañamiento individualizado para encontrar soluciones específicas en cada caso. Dependiendo de distintos factores, como la duración de su residencia, algunas familias tendrán derecho a realojo, mientras que otras podrán optar por indemnizaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
La alcaldesa destacó que el Ayuntamiento está dedicando esfuerzos para identificar viviendas en alquiler protegido que puedan ser ofrecidas a las familias que tienen derecho a realojo. Durante la reunión celebrada, las familias afectadas tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y expresar sus inquietudes.
El edificio, construido a finales de los años 40 del siglo pasado, se encuentra en una situación compleja. Treinta años después de que el Plan General Metropolitano (PGM) lo calificara como zona verde, la familia propietaria solicitó la expropiación a la Generalitat, que posteriormente trasladó la responsabilidad al Ayuntamiento.
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