Un registro en Gavà permite detener personas vinculadas presuntamente a la explotación sexual

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en una operación conjunta a diez personas y han liberado a seis víctimas de trata de seres humanos con fines para la explotación sexual confinadas en pisos de Manresa y Mollet del Vallès tras la denuncia de otra víctima en un Juzgado de Bilbao.

Según ha informado la policía, una víctima que había estado sometida a esa organización criminal denunció los hechos en un juzgado de la capital vizcaína y el juez se inhibió en un juzgado de Manresa, iniciando la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, a la que se unió la Policía para desmantelar la organización y liberar a las víctimas.

La banda criminal estaba liderada por un hombre de nacionalidad española y una mujer paraguaya, y confinaba a las víctimas en dos pisos prostíbulos en las localidades de Manresa y Mollet del Vallès donde dormían hacinadas en condiciones de insalubridad.

En el marco de la operación 'Joya-Aguyje', ha sido desarticulada una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se ha liberado a seis víctimas que se encontraban bajo el control de la estructura delictiva.

En total han sido detenidas diez personas por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y organización criminal.

La banda criminal captaba a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborales prometedoras. Otras mujeres eran captadas ya en España empleando el mismo modus operandi.

La red delictiva sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las victimas captadas en países extranjeros y en España, recayesen en los dos pisos prostíbulo a disposición de la organización uno en la localidad de Manresa, y el otro en Mollet del Vallès.

Una vez se encontraban bajo el control físico de los miembros del entramado criminal, les retiraban sus teléfonos móviles y pasaportes, para posteriormente informarles de que habían contraído una deuda económica con la organización debiendo ser satisfecha con la ejecución de servicios sexuales.

Para ello, debían de estar disponibles 24 horas al día sin descanso, aunque estuviesen indispuestas, para mantener relaciones sexuales sin protección, padecer violencia física si el cliente lo requería e incluso para ser grabadas.

Las víctimas no disponían de libertad de movimiento, manteniendo la red criminal un control férreo sobre las mismas. Las mujeres eran confinadas en los dos pisos-prostíbulos donde estaban hacinadas, sin privacidad y en condiciones infrahumanas e insalubres.

TRÁFICO DE COCAÍNA

Además, uno de los pisos eran controlados con cámaras de video- vigilancia. En ambos inmuebles se traficaba con sustancias estupefacientes y se obligaba a las víctimas a incentivar a los clientes para comprar cocaína y a consumirla ellas mismas, de manera forzada, si el servicio así lo demandaba.

La organización criminal mantenía una sólida jerarquía con un reparto de roles perfectamente definido en lo relacionado con la captación, traslado y explotación final. La dirección era compartida entre un español y una paraguaya.

El resto de niveles de la organización obedecían las instrucciones de la dirección, haciendo especial hincapié en uno de los miembros encargado de captar a las víctimas, el cual aprovechaba sus conocimientos como agente de viajes para introducirlas inadvertidamente en territorio estatal.

Durante las entradas y registros realizados en las localidades de Gavá, Manresa y Mollet del Vallès fueron intervenidos más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica empleada en la elaboración de sustancia estupefaciente y numerosa documentación relacionada con la explotación de las víctimas. Se han bloqueado 11 productos bancarios, tres vehículos y un inmueble.

En el momento de la liberación se clausuraron los pisos utilizados como prostíbulos donde eran explotadas, para después ser asistidas en total coordinación y colaboración por la ONG "Fundació Apic-Acam", para atender las distintas necesidades que podían requerir cada una de ellas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa y llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Barcelona.

Esta operación se enmarca dentro de las acciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Ambos Cuerpos cuentan con canales para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.