Seat plantea un ERTE de tres meses en Martorell por la falta de chips
CC.OO. y UGT ven "precipitado" el posible plazo para la vigencia del expediente
Seat ha planteado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde mediados de septiembre hasta el 23 de diciembre de este año por la escasez global de semiconductores.
En un comunicado este viernes, la compañía ha explicado que el expediente contempla la suspensión temporal del turno de noche de la L2, con una afectación diaria a unos 850 empleados, y la "posible cancelación" de jornadas de producción en cualquiera de las líneas.
La automovilística ha asegurado que el ERTE se aplicará en primer lugar de forma voluntaria y que las condiciones se determinarán durante la negociación.
La compañía también prevé eliminar las jornadas adicionales previstas para el mes de septiembre.
PLAZO "PRECIPITADO"
CC.OO. y UGT han considerado "precipitado" el posible plazo para comenzar la vigencia del expediente porque creen que no da tiempo a gestionar toda la movilidad que supone el expediente.
Han comunicado a la dirección que negocian los ERTE con la intención de minimizar el impacto negativo en la plantilla afectada, y han advertido de que, de presentarse, darán "máxima prioridad" a la negociación del Plan Social.
Aseguran que, como mínimo, éste deberá recoger la preferencia de voluntariedad, un complemento salarial, la exclusión de mayores de 57 años, que no afecte a las vacaciones ni a las cuatro pagas extraordinarias y mantener la aportación al plan de pensiones, entre otros.
Los representantes de los trabajadores han solicitado que se revise la situación de la plantilla de ETT para que se le abone el nivel y la letra correspondiente, contemplando lo que se firmó en el Plan Social del ERTE en septiembre de 2021.
20º CONVENIO COLECTIVO
La dirección de Seat y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO. firmaron a finales de julio el 20 convenio colectivo de la compañía tras el preacuerdo alcanzado en junio y ratificado por 11.000 trabajadores afiliados los sindicatos.
Ambas partes alcanzaron el preacuerdo el 17 de junio, el cual contemplaba una revisión de las tablas salariales del 6,5% y la vinculación los sueldos a las subidas del Índice de precios de consumo (IPC).
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