El PP ante el desalojo de familias de la Guardia Civil en Sant Vicenç dels Horts: “No lo vamos a permitir”

El futuro de 34 familias de la Guardia Civil en Sant Vicenç dels Horts está en el aire. La propuesta de desalojo impulsada por Sumar/ Comunes en el coste ha encendido la polémica política, con el Partido Popular posicionándose como el principal defensor de las familias que podrían quedarse sin hogar.

El diputado del PP en el Congreso, Agustín Parra, ha cargado contra la iniciativa asegurando que el desalojo es “un ataque directo a la estabilidad y bienestar” de estas familias, muchas de ellas con menores escolarizados en la localidad. Parra ha subrayado que estas familias llevan años desarrollando su vida en la ciudad, por lo que considera que expulsarlas sin una alternativa viable sería una injusticia.

“No podemos dejar desprotegidas a estas familias cuando los agentes de la Guardia Civil trabajan defendiendo y protegiendo a las nuestras”, ha afirmado el diputado, que ha enmarcado esta propuesta en lo que considera una nueva ofensiva de la izquierda radical contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Críticas al Gobierno de Sánchez

El diputado popular ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de “menospreciar el trabajo y la dedicación” de la Guardia Civil al permitir que sus socios políticos impulsen este desalojo. Parra ha lamentado que mientras su formación reclama más recursos para el cuerpo, la respuesta del Ejecutivo sea “echarles de sus casas”.

Además, ha calificado de “inaceptable” que se utilicen argumentos falsos para justificar la expulsión de las familias y ha exigido al Gobierno que cumpla los acuerdos que impiden cualquier desahucio mientras haya residentes en el cuartel.

Defensa firme de las familias

Desde el Partido Popular aseguran que no darán un paso atrás. Parra ha reiterado que su partido seguirá trabajando para “mantener la estabilidad y el bienestar” de todas las familias afectadas y ha lanzado un mensaje claro: “No vamos a permitir que se les desaloje sin una alternativa viable y justa”.

La polémica sigue abierta mientras las familias esperan una solución que evite su salida forzosa del que ha sido su hogar durante años.