Vallirana pendiente de la decisión de Antifraude tras la denuncia de ERC al Gobierno Local

El pasado 25 de enero ERC de Vallirana hizo público en el Pleno Municipal que había cursado una denuncia contra el equipo de gobierno ante la Oficina Antifraude de Catalunya. 

Los republicanos han explicado a Vilapress que han detectado "supuestas irregularidades relacionadas con el cobro indebido de indemnizaciones por asistencia". Concretamente se trataría según ERC de 3 concejales del PSC que habrían estado "cobrando por asistir a la Junta de Gobierno Local durante más de 4 años cuando no les correspondería".

ERC DE VALLIRANA CREE QUE NO SE HA PRODUCIDO UN COMPORTAMIENTO NI ÉTICO NI LEGAL

Ante esta situación, la concejala de ERC, Gemma López, ha remarcado que han tramitado esta denuncia por  un "deber ético y legal" y ha recordado que "los representantes públicos debemos ser ejemplares".

TRES CONCEJALES DEL GOBIERNO LOCAL EN EL PUNTO DE MIRA DE ERC

Los republicanos han explicado que actualmente según la documentación que tienen en su poder "hay  3 concejales que, por asistir con voz pero sin voto y sin formar parte de la Junta de Gobierno Local, perciben indemnizaciones semanales por asistir a este órgano. Por tanto, cada concejal estaría percibiendo 340 € a la semana por esta asistencia y el Ayuntamiento se estaría gastando anualmente 50.000 € por la asistencia de estos 3 concejales implicados".

"Lo que Esquerra Republicana de Vallirana ha podido comprobar es que se trata de un hecho reiterado desde 2019, aunque se sospecha que ya se hacía con anterioridad", han afirmado los republicanos. Por este motivo, han solicitado a la Oficina Antifraude de Catalunya que realice las investigaciones pertinentes para determinar si "esta situación puede ser constitutiva de un fraude o una ilegalidad".

Los republicanos basan sus argumentos en el marco legal establecido en el Real Decreto 2568/1986, que según explican "la Junta de Gobierno Local tiene por límite el tercio del número legal de miembros de la Corporación, según el artículo 52 del mismo decreto".

"Sin embargo, se ha descubierto que en las reuniones de este órgano también participan 3 electos del equipo de gobierno que no forman parte de forma efectiva, sino que están presentados como asesores con voz pero sin voto, y según el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, estos asistentes estarían percibiendo indemnizaciones por asistencia, en contradicción con la legislación vigente", han asegurado. 

En resoluciones anteriores, afirman desde ERC "la propia Oficina Antifraude de Catalunya ha destacado en sus recomendaciones que el devengo de las indemnizaciones no es efectivo si no se forma parte del órgano en cuestión".

VALLIRANA ESPERA RECIBIR LA PETICIÓN DE ANTIFRAUDE PARA PRONUNCIARSE

El Ayuntamiento de Vallirana ha declinado hacer declaraciones a Vilapress en relación a esta denuncia ante Antifraude "a la espera de que se esclarezcan los hechos denunciados y puedan estudiar el caso". 

De esta manera el equipo de gobierno local mantiene una posición prudente ante la información hecha pública por el grupo municipal de ERC .

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE ANTIFRAU?

La Oficina Antifraude actúa de oficio, a iniciativa propia o por denuncia, o en virtud de una solicitud razonada de una institución o autoridad pública. Después de comprobar la verosimilitud de los hechos, puede llevar a cabo, entre otros, las siguientes actuaciones:

• Realizar visitas de inspección, sin previo aviso, a cualquier oficina o centro adscrito a un servicio público para efectuar comprobaciones in situ y examinar documentos, cualquiera que sea su soporte.
• Llevar a cabo entrevistas personales a todo aquel que pueda proporcionar información relevante para la investigación o aquellas personas que, en el desarrollo de las actuaciones en curso, puedan estar implicadas de forma individual en hechos investigados.
• Acceder a cualquier información que se encuentre en poder de los órganos, organismos públicos o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas afectados por la actuación de investigación.
   

Las actuaciones de investigación se rigen por los criterios de celeridad, economía, simplicidad, eficacia y discreción máxima.

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