El caso Inipro, a punto de llegar a juicio

El caso Inipro, que investiga el presunto desvío de fondos de servicios sociales municipales para financiar el PSC, está a punto de cerrarse.

El lunes 19 de marzo el juez instructor, Joaquin Elías Gadea, tomará declaración a los cuatro testigos y a partir de allí se espera que redacte la acusación formal para los acusados

Según Paco Zapater, abogado de cuatro de los investigados de Tarragona, que pidió estas diligencias, se trata de cuatro empleados del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona.

Tras estas últimas declaraciones se espera que el juez inicie el juicio contra todos los implicados del caso que se extiende hasta Viladecans, sede de la empresa Inipro.

En la pieza principal constan como investigados el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la ex concejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrín; la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floría, y el ex jefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, todos del PSC.

Pero también parecen estar implicados en el caso el ex primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC), el fallecido y hasta entonces director de Inipro, Ricard Campà, y el consultor de Viladecans, Enrique Miró.

Éstos últimos fueron puestos en libertad en 2016, aunque están imputados de los delitos de alteración de subasta en concurso público y de tráfico de influencias, entre otros por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Además, como medida cautelar el alto tribunal catalán obligó a los sospechosos de la trama de Viladecans a comparecer cada mes ante el juzgado y tienen prohibido abandonar España, por lo que tienen retirado el pasaporte.

El inicio del juicio en Tarragona ya hace temblar a los implicados de Viladecans y más tras las conclusiones de la comisión informativa que se abrió en 2016 en el consistorio del municipio del Baix Llobregat.

En el pleno sobre las conclusiones de la comisión sobre el caso Inipro salieron a la luz muchos detalles del trabajo realizado por los grupos municipales de la oposición. Entre ellos que en el mismo informe elaborado por los entonces secretario e interventora municipal de Viladecans se dan ejemplos de "supuestos" fraccionamientos del objeto de los contratos y se "visualizan contratos menores y negociados sin publicidad que se han ido repitiendo en el tiempo para evitar la concurrencia y la publicidad" en el ayuntamiento de Viladecans.

Pero eso no es todo, parece ser que presuntamente hubo supuestos casos de puertas giratorias entre trabajadores de Inipro y el PSC y entre 2011 a 2015 el grupo ganó todos los concursos o negociados del ayuntamiento de Viladecans a los que se presentó. La única excepción es el año 2012, si bien en aquel ejercicio facturó el 99,2% del total posible. Lo mismo sucedió de 2007 a 2010 cuando prácticamente ganó todos. Los concursos a los que se presentó con porcentajes de facturación muy similares a los de 2012. En el periodo 2007-2015 el grupo ingresó 23.640.068 euros del consistorio de Viladecans. El único grupo político que pidió responsabilidades políticas al actual alcalde, Carlos Ruiz, fue VILADECANS SÍ SE PUEDE, quién con un informe de conclusiones de más de 50 páginas, el más extenso no dejaba lugar a dudas que existíán "posibles" responsabilidades políticas.