Cornellà obligará a destinar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda pública
El texto aprobado también exige la aplicación de sanciones para detener el mobbing inmobiliario que sufren muchos inquilinos y arrendatarios y propone revisar los contratos de colaboración con las entidades bancarias.
El Pleno de Cornellà del mes de julio ha aprobado una moción presentada conjuntamente por los grupos de ICV-EUiA, ERC y Cornellà en Común para ampliar el parque de vivienda protegida en la ciudad. La moción, que relata la difícil situación del acceso a la vivienda en la ciudad propone diferentes medidas para combatir la burbuja inmobiliaria que está afectando a toda el área metropolitana de Barcelona.
La moción, que incorporó dos enmiendas del grupo socialista fue aprobada con el voto favorable de 20 de los 25 concejales del consistorio (ICV-EUiA, ERC, Cornellà en Común, PSC, AEC y la concejala no adscrita M. Carmen López ), la abstención de Ciudadanos y sólo el voto en contra del PP.
La moción presentada conjuntamente por los tres grupos políticos propone, entre otras propuestas, establecer la obligación de destinar a vivienda protegida el 30% de todas las nuevas construcciones o de edificios sometidos a rehabilitaciones integrales, como ha hecho el gobierno de Colau en Barcelona.
El texto aprobado también exige la aplicación de sanciones para detener el mobbing inmobiliario que sufren muchos inquilinos y arrendatarios, propone revisar los contratos de colaboración con las entidades bancarias para que éstas faciliten el parque municipal de vivienda aquellos inmuebles vacíos de la su propiedad, e insta a los gobiernos del Estado y de la Generalitat a destinar recursos para poner en marcha políticas efectivas para garantizar el derecho a la vivienda.
En este sentido, se propone derogar la reforma que el PP hizo a la Ley de arrendamientos urbanos y que en buena parte es causante de la grave escalada de los precios de alquiler, y se pide al Gobierno del Estado retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
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