El ayuntamiento de Olesa detiene el desahucio de trece familias de un mismo edificio

Servicios Sociales Cal Mané de Olesa de Montserrat. / FOTO: Ajuntament

El ayuntamiento de Olesa de Montserrat con ayuda de la Generalitat han conseguido detener el desahuicio de 13 familias del municipio que estaban a punto de ser echadas de sus pisos.

El concejal de Vivienda, Jordi Martínez, y la concejala de Bienestar Social, Georgina Muñoz, acompañados por las responsables de estos dos departamentos municipales se reunieron este 10 de octubre por la tarde con estas 13 familias de un mismo bloque de pisos de Olesa que estaban a punto de ser desahuciadas y se ha conseguido detener temporalmente. 

Prácticamente todas estas familias habían ocupado los pisos, propiedad del BBVA, a raíz su complicada situación económica y/o familiar, y el ayuntamiento había conseguido que la entidad bancaria se comprometiera a reubicarlas en otros pisos de su propiedad pagando un alquiler social. Pero finalmente, el BBVA ha comunicado que no las puede reubicar porque que se venderá todos los pisos a un fondo de inversión. Por esta razón el consistorio ha comunicado a las familias afectadas que ahora el caso se puede tratar en bloque, buscando una solución unitaria para todos, sino que serán los Servicios Sociales municipales los que analizarán caso por caso.

Fue el año pasado cuando estas familias comunicaron al ayuntamiento de Olesa la situación en la que se encontraban. El concejal de Vivienda, Jordi Martínez, ha destacado que el consistorio olesano decidió actuar buscando una solución conjunta, ya que la mayoría de familias se encuentran en una situación muy complicada, con riesgo de exclusión social. Por esta razón se intentó negociar con el BBVA una solución, que el banco aceptó, comprometiéndose a reubicar a las familias en otros pisos de su propiedad a cambio de un alquiler social. 

Sin embargo, debido a la decisión del Banco Central Europeo que instó este verano a los bancos a vender los pisos que tienen en propiedad, las entidades bancarias han comenzado a vender grandes stocks de viviendas a fondos de inversión (los llamados fondos buitre), lo que ha acabado afectando al caso. Así que el BBVA ha continuado adelante con los trámites de desahucio de estas 13 familias, que se fijó para el 4 de octubre. Aprovechando que la Generalitat y el propio ayuntamiento tienen derecho de tanteo por estos pisos, se consiguió detener temporalmente el desahucio.

La suspensión del desahucio, sin embargo, sólo da unos meses de margen a estas familias. Por esta razón el consistio se ha querido reunir con ellas y ha comunicado a las personas afectadas que es complicado conseguir una suspensión completa del desahucio y que, visto que el BBVA no se hace cargo del realojo prometido, serán los Servicios Sociales municipales los que estudien, caso por caso, qué vías de salida tienen.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Todas las familias se encuentran en una situación económica muy complicada, tal y como quedó patente en la reunión mantenida este miércoles por la tarde. Muchas de ellas manifestaban que podrían asumir el pago de un alquiler social, pero no los precios de alquiler que actualmente se están pidiendo a Olesa, con la complicación que prácticamente no hay pisos disponibles en alquiler. Y si se encuentran, añadían las familias, para poder acceder les piden una situación que no cumplen, como tener contrato fijo, un aval y dar una fianza de uno o dos meses que no pueden asumir.

El concejal de Vivienda ha admitido que es una situación complicada de solucionar, sobre todo para que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia en materia de Vivienda y no pueden hacer nada para regular directamente los actuales precios del alquiler. Jordi Martínez cree que una de las soluciones pasa no sólo para regular el precio del alquiler, sino también por una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos "que marque que los contrato de alquiler sean como mínimo de cinco o diez años, para evitar que cada tres años los propietarios puedan incrementar la renta a precios abusivos ".

Muchas de las familias afectadas por el desahucio que se ha conseguir detener temporalmente reclamaban este miércoles que, si no lo hacía el BBVA, fuera el ayuntamiento quien los reubican en un piso. En este sentido, tanto el regidor como la técnica de Vivienda les explicaron que, si bien el consistorio dispone de un parque de viviendas municipales a precios de alquiler social, actualmente todos los pisos están ya adjudicados o en proceso de adjudicación, y que hay un reglamento que regula la concesión de estos pisos, que normalmente tienen listado de espera. 

Por esta razón, la única opción que hoy por hoy puede dar el ayuntamiento es que los Servicios Sociales estudien cada caso individualmente y vea qué alternativas tiene, ya sea a través de ayudas al alquiler (que otorga la Generalitat), otro tipo de ayudas de emergencia o su inclusión en la Mesa de emergencia, que también depende de la Generalidad.

El concejal de Vivienda admite que en los últimos tiempos se han incrementado los casos de ocupaciones de pisos no sólo en Olesa de Montserrat, sino en todas partes, sobre todo debido al hecho de que muchas familias ya no pueden asumir los precios que se están pidiendo por los alquileres. De hecho, los Servicios Sociales y la Oficina Local de Vivienda nunca se habían encontrado con un caso de desahucio de 13 familias de un mismo bloque, mayoritariamente por casos de ocupación. Son ocupaciones, sin embargo, que no responden a una decisión ideológica, sino que en su mayoría son debido a la situación de vulnerabilidad que viven estas familias. Por esta razón el consistorio olesano está trabajando para buscar una solución para todas ellas. El concejal de Vivienda, sin embargo, ha querido dejar muy claro que se actúa así en caso de ocupaciones de viviendas propiedad de entidades bancarias, no que son ocupaciones de una vivienda de propiedad de particular.