Los trabajadores de ATLL critican la "intolerable" gestión del traspaso

Como viene informando este diario, el control por la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) no deja de complicarse. Primero fue el conflicto por cuánto debe pagar la Generalitat a Acciona por el traspaso a sus manos, en el que Torra sólo quiere ofrecer 38 millones a la empresa cuando esta reclama 1.000 millones, se le ha sumado el de la fecha concreta del cambio de jefes. Pero con el nuevo año ha surgido otro.

A fecha de uno de enero, los trabajadores de ATLL recibieron por parte de Andreu Clariana, nuevo director del, rebautizado, Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), una comunicación de subrogación al ente público. Inmediatamente después Alfredo Gutiérrez, director de ATLL CGC, SA respondió y envió otra misiva en que dice que el comunicado de Clariana no tiene validez y que la Generalitat de Catalunya está haciendo un "uso antijurídico", ya que el conflicto aún está en manos de la Justicia, mínimo hasta el 7 de enero.

Esta situación, al margen de demostrar la chapuza llevada a cabo por el Govern, ha acabado generando más malestar entre los trabajadores. La sección sindical de CGT ATLL ha denunciado esta situación que considera "intolerable y muy grave". Y es que los empleados de la compañía se encuentran en medio de una polémica que les puede acabar afectando

Los sindicalistas consideran que Acciona se aferra a mantener su negocio del agua y que en todo caso el Govern de la Generalitat debería haber cumplido con la decisión del Parlament de que el 1 de enero del 2019 la empresa ATLL  fuera pública, "con una gestión transparente". 

El sindicato denuncia a los dos partes enfrentadas por comenzar, lo que llaman "la vía del desahucio administrativo, una artimaña legal que tardará tiempo en resolverse".

Los trabajadores consideran que "el Govern mal gestiona, de forma deliberada o no, el traspaso de ATLL" y como siempre, los que vamos a sufrir el embate de las jugadas no seremos otros que trabajadores/as y ciudadanos/as".

Desde la CGT, incluso defendiendo el traspaso, critica que "la Generalitat reclama en el documento de desahucio los bienes, las obras y las instalaciones de la red Ter Llobregat", mientras que de los trabajadores "no dice nada" y "el comité de empresa, silencio total".

Estando así las cosas, las facilidades que el Govern pensaba que se podría encontrar con la remunicipalización del agua se les está complicando demasiado y ya se está cobrando las primeras víctimas, los trabajadores.