El Síndic destaca las quejas por la vulnerabilidad social en el área metropolitana de Barcelona

Las desigualdades sociales y el actual "ciclo de vulnerabilidad" aumentaron su presencia entre las quejas de ciudadanos al Síndic de Greuges el año pasado, cuando llegaron al 31,3% -frente al 28,2% de 2017-, y con problemáticas relacionadas con desahucios, pobreza energética, segregación escolar y la renta garantizada de ciudadanía (RGC) como protagonistas. Y la mayoría de ellas se han concentrado en el área metropolitana de Barcelona.

El síndic, Rafael Ribó, ha presentado este lunes el 'Informe al Parlament 2018' al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y le ha transmitido su preocupación por las problemáticas sociales, ante las que ha reclamado un mayor acuerdo político entre todos los grupos para combatirlas, ha explicado el Síndic en rueda de prensa.

En el ámbito de políticas territoriales, la principal afectación del año 2018 ha sido el incremento del número de intervenciones por desahucios en el área de vivienda. De hecho, el informe del Síndic apunta a que "las intervenciones por desahucios, que hasta este año eran las más minoritarias en materia de vivienda, se han incrementado un 303,2% respecto del año anterior", y se configuran como el principal motivo de intervención del Síndic de Greuges en esta área. "Este problema está especialmente concentrado en el área metropolitana de Barcelona", concreta el informe.

Es en este ámbito en el que las desigualdades sociales adquieren más relevancia y en el que el hecho de pertenecer a un colectivo especialmente vulnerable -un 7,5% de las intervenciones por desahucios afectan a personas con discapacidad- o las desigualdades de género son especialmente visibles . En este sentido, un 62% de las quejas por desahucios han sido presentadas por mujeres, la mayoría de las cuales tienen niños a cargo. Es más, del conjunto de personas de las que se informó a la institución que estaban ocupando viviendas sin título habilitante, un 62,5% eran mujeres. Las diferencias salariales, la precariedad laboral y la carga familiar, en gran medida asumida por las mujeres, tanto en cuanto a los niños como a los ancianos y personas dependientes, incrementan las posibilidades de caer en la exclusión social.

En segundo término, están las solicitudes de acceso a vivienda social, ya sea por las dificultades para acceder a él o por la falta de vivienda.

En cuanto a medio ambiente, la contaminación sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía, junto con el cumplimiento de las ordenanzas de tenencia de animales.

Finalmente, la movilidad y el control en los permisos de obras se configuran como los principales motivos de intervención del Síndic en materia de urbanismo

"INADECUADA RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES"

En su comparecencia ante los medios, Ribó se ha mostrado preocupado por la "inadecuada respuesta de administraciones ante desahucios de personas vulnerables, ya que las mesas de emergencia habitacional están continuamente desbordadas", con esperas de uno o dos años y lejos de garantizar el derecho a la vivienda, para el que ha reiterado que no tendría que haber esperas.

A la vez, no se ha legislado cómo tiene que contribuir la Sareb y ceder a usos sociales el gran paquete de viviendas que adquirió cuando se constituyó con dinero público, ha lamentado, y ha añadido que las administraciones tendrían que acentuar la adquisición de vivienda pública por el derecho de tanteo y retracto. En este sentido cabe recordar los problemas que han tenido municipios como Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat para hacerse con inmuebles propiedad de este, llamado, banco malo.

Se han añadido este año quejas relacionadas con la renta garantizada de ciudadanía, sobre la que ha criticado "lagunas de información" por parte de la administración catalana, y ha reiterado que falta desarrollar el reglamento sobre esta renta, que podría subsanar algunas situaciones.

Ha alertado de dificultades para acceder al bono social, a la vez que detectan "prácticas abusivas de gestión de cobro de suministros básicos" por parte de agencias que trabajan para empresas energéticas e incluyen en registros de impago datos personales de personas reconocidas como victimas de pobreza.

VULNERACIONES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

También ha expresado a Torrent su preocupación por la inestabilidad política que considera que se ha vivido este año en Catalunya, agraviada por la introducción de "medidas obstaculizadoras e intervencionistas" que han dificultado su gobernabilidad.

Esto se ha reflejado en que las quejas sobre Administración pública y derechos han crecido del 14% en 2017 al 24,8% en un año, y muchas han sido referidas a las manifestaciones y vulneraciones de la libertad de expresión o a la neutralidad de los espacios públicos -incluyendo la existencia de lazos amarillos-, ha señalado.

AUMENTAN LAS QUEJAS TOTALES

Ribó ha recibido en 2018 un total de 10.495 quejas, la cifra más elevada después de 2015 y que procedían de 14.000 personas, ya que algunas eran colectivas, en un año en el que ha atendido también 9.987 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio.

Las mujeres predominan en las quejas del ámbito social, mientras que en las interpelaciones sobre territorio y consumo, la mayoría son hombres, ha observado el síndic, que ha celebrado que este año la institución se ha acercado al 97% de aceptación de resoluciones -el 25% parcial- y al 70% de ciudadanos que la conocen.

ESPECULACIÓN

También ha llamado la atención sobre las agresiones al territorio, que están creciendo con "proyectos urbanísticos con dimensión especulativa" en áreas del litoral, para lo que preparan un informe monográfico, junto a otro sobre la contaminación que hará especial énfasis en Barcelona y su área metropolitana.

"Quedan un año más los temas culturales y lingüísticos en un porcentaje ínfimo" que hace insistir en la inexistencia de conflicto lingüístico en Catalunya, como también se refleja en las atenciones del Defensor del Pueblo.

El informe apunta "retos de futuro" como la lucha contra las desigualdades sociales, por garantizar la vivienda como derecho y no como objeto económico, la igualdad de oportunidades en educación, la garantía de los niños como ciudadanos de pleno derecho, y la lucha contra la violencia machista y LGTBIfóbica y el abuso sexual infantil, entre otros.