Trabajadores del centro de menores de Esparreguera denuncian la "insoportabe" situación de violencia a la que se enfrentan

Representantes de trabajadores del centro de menores Can Rubió de Esparreguera han alertado de que se da una situación de violencia "insoportable para los trabajadores y para los residentes", con riesgo e inseguridad, desde que se cambió la tipología en mayo de 2018, y se empezaron a acoger jóvenes con problemas de conducta pero sin contratar al personal necesario.

El responsable de la UGT en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat, Pedro González, ha explicado que se transformó de centro terapéutico a residencial de educación intensiva (Crei), pero no tienen el psicólogo, el enfermero y el profesor de deporte indicados para este tipo de recurso.

Además de jóvenes con problemas de conducta, tienen menores para los que la Justicia ha dictado libertad vigilada, y calculan que faltan al menos dos profesionales de seguridad, mientras que ocho de los 23 trabajadores están de baja -algunos suplentes de suplentes-.

Hay capítulos de violencia entre menores y a educadores casi diarios -este marzo han registrado 14 agresiones a trabajadores, que llegan a hacer tres contenciones al día-, incluyendo amenazas con arma blanca: esto "desestabiliza" a otros jóvenes, algunos se fugan para no estar con violentos, y se han dado incluso intentos de suicidio.

Un educador del centro, Joaquim Seisdedos, ha relatado: "Nos sentimos desamparados, desbordados, y vamos a trabajar como podemos, sin saber si ése día vas a llegar entero a casa, y con la sensación de que no estas pudiendo hacer tu trabajo" de educador.

Desde la UGT, consideran que la Dgaia inclumple la normativa y no está aplicando recomendaciones de la propia Generalitat, del Parlament y del Síndic de Greuges, al que se dirigieron por el riesgo en la seguridad de menores -residen unos 20, entre los que hay unos cuatro extranjeros no acompañados (Menas), pero no tienen traductores-.

La Dgaia dijo al Síndic en octubre de 2018 que había autorizado un refuerzo en la seguridad de Can Rubió, en tramitación por una cuestión legal de contratación, pero sigue sin aplicarse: "Sin un ambiente de seguridad, no tenemos nada que hacer como educadores", ha dicho González, que ha reclamado que se cumpla la normativa.

DETENCIONES DE LOS MOSSOS

En el centro hay un joven reincidente, que oficialmente tiene 17 años pero creen que es mayor, tiene problemas de conducta y consume tóxicos, incluso dentro del centro: "Cuando lo hace, la explosión de violencia es muy notable", ha explicado el educador.

El joven ha amenazado con arma blanca al personal de seguridad, ha agredido a menores ingresados, ha roto tres de las cuatro furgonetas del centro con piedras y ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, que lo tuvieron que reducir con siete agentes de la Brigada Móvil, pero Fiscalía no ve indicios para privarlo de libertad y lo devolvió.

En una ocasión ingresó en una unidad de crisis en el Hospital Sant Joan de Déu, pero después volvió: "Lo tenemos en el centro, con todo el nerviosismo de los otros chicos que conviven en esta situación y con el riesgo para los educadores".

APUÑALAMIENTO EN EL RAVAL

Ha puesto como ejemplo que el joven apuñalado recientemente en el Raval de Barcelona es uno que se escapó del centro: al tener el alta y volver, protagonizó situaciones de violencia, y cuando se trasladó a otro centro, volvió a huir, y se ha preguntado qué pueden hacer para estos jóvenes si no tienen seguridad.

Esta semana han llevado el centro a la Inspección de Trabajo de la Generalitat, a la vez que han pedido a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias profesionales con experiencia en menores extranjeros, aunque a preguntas de los periodistas los han desvinculado de la problemática estructural de violencia.

RESPUESTA DE LA DGAIA

Fuentes de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat consultadas por Europa Press han explicado que "según datos de la Dgaia, en este centro no se producen más incidentes que en otros recursos de estas características".

Han explicado que el departamento está tramitando un contrato para incrementar la cobertura de seguridad, aunque no ha especificado de cuánto será este incremento y si es el que ya comunicó en octubre de 2018, cuando aprobó el protocolo de prevención y actuación ante las situaciones de violencia en los centros de protección a la infancia y la adolescencia.

También ha subrayado que las dos últimas reuniones del comité de seguridad y salud, en las que se hace un seguimiento de estos temas, se tuvieron que anular por falta de quórum de los trabajadores.