La Fiscalía solicita la celebración del juicio oral contra Ballesteros y los concejales del PSC por el caso Inipro

La Fiscalía Provincial de Tarragona ha pedido que se celebre el juicio oral contra el alcalde en funciones de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros y la portavoz del gobierno Begoña Floria, entre la quincena de imputados por el caso Inipro de corrupción municipal por la presunta financiación ilegal del PSC, causa que afecta también al ayuntamiento de Viladecans. 

El fiscal se opone al argumentario de las defensas que habían impugnado, a través de recursos de reforma, el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, en la que se imputa hasta ocho delitos a los investigados. La Fiscalía también ha instado a la jueza a mantener las imputaciones y que tenga en cuenta las pruebas hechas durante la fase de instrucción.

Ante la noticia, la CUP, como promotora y acusación popular del caso Inipro ha valorado positivamente el posicionamiento de la Fiscalía ante las peticiones de las defensas previas a la apertura de juicio oral, ya que a su juicio muestran "que al igual que a lo largo del proceso de instrucción los indicios de la CUP sobre la posible actividad delictiva de Ballesteros y el resto de catorce personas encausadas son más que sólidas ".

El partido, en un comunicado, se ha reafirmado en sus tesis y dice enfrentar con optimismo la apertura del juicio oral que debe dirimir las responsabilidades de Ballesteros y Floria en este caso, así como del que fue jefe de gabinete y mano derecha del alcalde hasta que estalló el caso, y del antiguo Gerente del IMSST.

Asimismo, la portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona Laia Estrada, ha aprovechado para presionar un cambio de gobierno en Tarragona. La candidata anticapitalista considera que esta noticia "aún deslegitima más la candidatura de Ballesteros a reeditar un nuevo mandato al frente del Consistorio". A su juicio "los resultados de las elecciones municipales han demostrado que la ciudadanía no quiere que Ballesteros siga al frente del Ayuntamiento", y añade que "es responsabilidad de los partidos políticos presentes en el nuevo salón de plenos voltear el rumbo y construir una transformación real tanto del Ayuntamiento como de la ciudad ".

Por su parte, Ballesteros se ha mostrado tranquilo, ha insistido en su inocencia y ha asegurado que el posicionamiento de Fiscalía no les viene de nuevo. Aún así este 4 de junio ha declarado que "estamos pendientes de la jueza de instrucción, que tendrá que resolver sobre el recurso de amparo, y tenemos muchas esperanzas depositadas en el recurso ante la Audiencia". 

El hasta ahora alcalde y aún alcaldable ha reiterado que tiene una "total y absoluta tranquilidad" de que va a demostrar su inocencia. De hecho, el socialista ha llegado ha decir que la petición de la Fiscalía  "era un paso forman que no aporta ninguna novedad".

Ballesteros se ha mostrado en todo momento confiado y tranquilo ante esta información que le acusa de graves delitos de financiación ilícita y considera que "en la fase de instrucción no ha salido nada que implique ninguna acción delictiva y ni siquiera irregular".

Las defensas habían pedido que se archivaran las investigaciones y se anularan las pruebas hechas durante la fase de instrucción, pero el fiscal se ha opuesto a los argumentos de impugnación y ha instado a la jueza a celebrarse el juicio oral. Una vez se resuelva de forma firme, será cuando la fiscalía puede presentar su escrito de acusación. Entre los delitos imputados a Ballesteros hay malversación, prevaricación, soborno, alteración de precios en concurso públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.

Además del alcalde, los investigados son la concejala Begoña Floria; la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente de la IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contractado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; Araceli Saltó, funcionaria municipal; Enriqueta Aznar, técnica del IMSS; y los empleados Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri.

El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juez, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, el qué se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC. 

Asimismo, el caso Inipro tiene una rama más en Viladecans, donde hace más de dos años la Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento para llevar a cabo una investigación judicial relacionada. A día de hoy sigue habiendo varias imputaciones, pero el principal sospechoso ha fallecido desgraciadamente mientras la instrucción y el correspondiente juicio se retrasan.