El caso INIPRO pendiente de la respuesta de la Audiencia Provincial de Barcelona

Cerca de cinco años invirtió el juez Joaquin Elías Gadea, en instruir el caso INIPRO mientras fue magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 1 y del Juzgado Decano de Tarragona para terminar diciendo que veía indicios de delito. Las defensas de los imputados anunciaron recurso de reforma pero la jueza del caso los ha desestimado en atención a las conclusiones y documentación que avala lo dicho por su predecesor. Ahora la Audiencia Nacional como instancia judicial de rango superior tiene la palabra en un caso que toca de lleno al PSC como presunto partícipe a título lucrativo.

El caso INIPRO, aún bajo secreto de sumario, en todas sus piezas en Tarragona y Viladecans da así un nuevo pequeño paso adelante desde que el 22 de agosto de 2018 se dictara el Auto que acordaba la continuación del caso INIPRO. Las defensas de los imputados presentaron recurso de reforma en la que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular encabezada por la CUP se opusieron en la estimación de ambos.

La jueza del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Tarragona desestimó los recursos de reforma presentados por las defensas de los investigados, entre ellos el ex alcalde y consejero del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, acusado de ocho delitos: prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, cohecho, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública; y la consejera del PSC , Begoña Floria, acusada de cinco: de alteración de precios en concurso y subastas públicas, cohecho, tráfico de influencias, malversación y abuso en el ejercicio de la función pública.

Cabe recordar que el magistrado instructor consideró al PSC como partícipe a título lucrativo, determinando el alcance de su responsabilidad económica a la cantidad desembolsada total para sufragar el contrato con la empresa Iniciativas y Programas SL (INIPRO), que era de 337.168,97 euros y que fue pagado a la empresa con recursos municipales. Según el abogado de la CUP el juez determina que "el Ayuntamiento encargó un trabajo y que no sólo no se hizo, sino que se hizo en favor del PSC".

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación presentado por el abogado de Ballesteros, David Rocamora, para el archivo de la causa, en diciembre de 2017 porque consideró que no disponía de suficiente información para amarle y que sería precipitado archivarlo.

QUIÉN ES QUIÉN Y QUÉ PRESUNTOS DELITOS les imputa TARRAGONA

JOSEP FÈLIX BALLESTEROS: Alcalde de Tarragona desde 2007. Firmó  21  facturas de INIPRO con hasta 7 advertencias de ilegalidad, entre los años 2010 y 2012. Siempre ha defendido que es inocente y que lo hizo para no incurrir en un enriquecimiento injusto. Está acusado de ocho delitos: prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, cohecho, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública.

Begoña Floria: 6ª teniente de alcalde y consejera de Fiestas, Cultura y Patrimonio Histórico. Es portavoz del grupo municipal socialista desde 2007 y fue la responsable de Comunicación, Participación y Sociedad de la Información hasta el 2011. Se le acusa de cinco delitos: alteración de precios en concurso y subastas públicas, cohecho, tráfico de influencias , malversación y abuso en el ejercicio de la función pública.

GUSTAVO CUADRADO: Ex jefe de gabinete del alcalde de Tarragona. Gerente y director ejecutivo de Fundación Tarragona Smart Mediterranean City. En libertad con cargos y el magistrado destaca que fue el intermediario entre el ex gerente de INIPRO, Ricard Campàs que murió en 2016 y Antonio Muñoz, ex gerente del IMSST. El juez le imputa los delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública.

ANTONIO MUÑOZ OLIVARES: Ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST). El juez le señala como la persona "que dirigió la contratación a las empresas investigadas", ya que las habría invitado a participar en el concurso público para poder hacer los trabajos establecidos. Las empresas eran INIPRO, Itinere Servicios Educativos y Gallet Consultores Asociados SL, Iniciativas y Programas (SL) y Itinere Servicios Educativos. Se le acusa de alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública.

VICTORIA PELEGRÍN: Ex consejera de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Tarragona. El juez la investiga porque como representante política aprobó las condiciones administrativas para sacar adelante el concurso y la adjudicación de los trabajos a la empresa INIPRO. Está imputada por los delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación y abuso en el ejercicio de la función pública.

ALEJANDRO CABALLERO: Ex miembro de la ejecutiva local del PSC y ex militante de la formación. Ex coordinador del proyecto de INIPRO. El juez considera que podría haber sido él quien decide el personal que debía contratar. Se le investiga por los delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

JOSÉ GATILLO: Administrador de la empresa Gallet y consultor. El juez le acusa de alteración de precios en concurso y subastas públicas, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

ENRIQUE MANUEL MIRÓ: Administrador de Itinere Servicios Educativos. Se le acusa de estafa, alteración de precios en concursos y subastas públicas, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

ARACELI SALTÓ: Funcionaria en el Ayuntamiento de Tarragona. Responsable de la Gestión Técnica del Departamento de Cultura y de Servicios Sociales (IMSST). El juez le imputa los delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

ENRIQUETA AZNAR: Técnica del Instituto Municipal de Siervas Sociales de Tarragona. Está siendo acusada de falsedad documental, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

También está María Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri que fueron contratados por INIPRO mientras tenía contrato con el Ayuntamiento de Tarragona. El juez considera que son personas vinculadas al PSC. A todos se les investiga por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación.

QUIÉN ES QUIÉN Y QUÉ presunta DELITOS les imputaban en Viladecans S

JOAQUÍN GUERRERO: Ex 1º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Viladecans y ex 1º Secretario del PSC en Viladecans. Acusado de delitos de alteración de subastas en concursos públicos y tráfico de influencias entre otros. Dimitió afirmando que "con esta decisión tengo el objetivo de no perjudicar la imagen del PSC Viladecans, así como la de la acción del Gobierno municipal".

ENRIQUE MIRÓ: Responsable de Itinere, una de las filiales de Inipro. Acusado de delitos de alteración de subastas en concursos públicos y tráfico de influencias.

También imputaron de delitos de alteración de subastas en concursos públicos y tráfico de influencias a Ricard Campás administrador de Inipro que murió en octubre de 2016. Y es podemos encontrar con otros investigados una vez se abra el secreto de sumario, ya que el epicentro del caso se encuentra en Viladecans.