Desde el Canal Olímpico de Castelldefels "presuntamente" se desvió dinero para financiar el procés

En las pesquisas de la Guardia Civil y la Policía Nacional se trabaja sobre la hipótesis que los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra usaron el Canal Olímpico, ésta infraestructura deportiva para financiar el "procés", según explica, este lunes 'El Confidencial'.

Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas.

Esta infraestructura deportiva parece haber albergado, tras los Juegos Olímpicos del 92, una presunta red de dirigentes de JxCAT que concedió subvenciones fraudulentas, fabricó facturas falsas, colocó a dedo a cargos del partido, adjudicó obras de forma irregular y desvió dinero a dos entidades vinculadas a la propia formación para inyectar fondos en el "procés".

Tras las Olimpiadas el Canal quedó bajo el control de la Generalitat, que designa a la totalidad de los miembros del consejo de administración de Equacat, el ente público que lo gestiona .

Dos investigaciones diferentes, una de la Guardia Civil y otra de la Policía Nacional, parecen haber acreditado  que los ejecutivos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra habrían utilizado de forma recurrente el Canal para actividades diferentes a la práctica de deportes acuáticos. 

La UDEF de la Policía Nacional ha demostrado en un informe que, en 2014 y 2015, el entonces presidente del Consejo Catalán del Deporte, Iván Tibau, del PDeCAT, concedió ayudas por valor de 38.470 y 49.500 euros al Canal, para que este organismo los repartiera a su antojo entre otras entidades deportivas, De esta manera Tibau se concedió dinero a sí mismo para repartirlo discrecionalmente, ya que, por entonces el Consejo Catalán del Deporte presidía Equacat. Los fondos terminaron en un equipo de baloncesto, un club de tiro, un club de tenis y una prueba de trial que no tenían relación alguna con el Canal ni está documentado por qué se eligieron esos beneficiarios y no otros.

Habría según los cuerpos de seguridad del estado evidencias de que el Canal formaba parte de un entramado más complejo que buscó desviar parte del presupuesto para el fomento del deporte hacia el movimiento secesionista del "procés". 

Así en 2015, el Govern de Artur Mas ordenó a Equacat que pagara una factura de Unipost por importe de 17.955 euros que no había prestado ningún servicio para el centro deportivo pero se fabricó una factura que simulaba el reparto de unos folletos. En realidad, esos fondos sirvieron para saldar gastos atrasados del primer referéndum ilegal de 2014, en el que Unipost tuvo un papel decisivo. Así una parte del coste del 9-N fue financiado con cargo al Canal Olímpico.

Además parece ser los gobiernos de Puigdemont y Torra habrían seguido usando Equacat para otros fines. Así según las pesquisas de la Guardia Civil en la llamada operación Voloh, desencadenada el pasado 12 de noviembre, el PDeCAT transfirió fondos del Canal a dos fundaciones controladas por un alto cargo del partido, Víctor Terradellas. Los investigadores sostienen que esas dos entidades, Igman y Catmon, usaron ese dinero en buscar apoyos internacionales al 1-O, organizar actos de propaganda a favor del 'procés' y hasta sufragar costes cotidianos de Puigdemont.

El canal olímpico.

En esta otra derivada, habría tenido un papel fundamental Gerard Figueras, antiguo presidente de las juventudes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). De las pesquisas se desprende que Figueras, director general de Deportes de la Generalitat desde febrero de 2016, habría impartido instrucciones a los máximos responsables de Equacat para que pusieran publicidad en una revista que editaba Terradellas mediante Igman y Catmon. 

Los anuncios del Canal salieron en varios números de esa publicación, llamada 'ONGC', en los años 2016 y 2017. En total, la Administración catalana dio a esas fundaciones a través de la infraestructura olímpica 10.264 euros, a pesar de que no existe ningún documento que avale esas entregas de fondos. La cifra aumentó en enero de 2018, en pleno 155.

Figueras exigió al entonces presidente de Equacat que ingresara inmediatamente 10.000 euros del presupuesto del organismo a Catmon como ayuda para un supuesto proyecto de cooperación en Sarajevo. El dinero llegó a salir del ente público, pero los investigadores de la Guardia Civil creen que acabó en otro sitio.  La lista de desvíos, colocaciones a dedo y presuntas irregularidades es aún más larga.