Registran las sedes de Iqoxe en La Canonja y El Prat

Los Mossos d'Esquadra registran este jueves las sedes de la empresa química Iqoxe en La Canonja (Tarragona), donde el martes explotó un reactor de etileno, y en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Fuentes de la empresa han confirmado que los agentes están en el lugar desde las 16.30 horas de este jueves y han asegurado que  Iqoxe ha ofrecido la "máxima colaboración" a la policía para el registro de las instalaciones.

El juzgado de Instrucción 1 de Tarragona instruye la investigación, que está bajo secreto de sumario.

Inspección de Trabajo de la Generalitat ha abierto dos expedientes a la química Iqoxe después de la explosión que se produjo el martes en sus instalaciones en Tarragona y que conllevó víctimas mortales y diversos heridos.

Así lo ha explicado el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, en declaraciones a los medios: "Trabajaremos para clarificar las causas y responsabilidades de un accidente muy grave en el que han habido muertos y heridos. Queremos ir hasta el fondo".

El Homrani ha explicado que el departamento activó la Inspección de Trabajo de Guardia justo cuando se produjo la explosión, si bien los especialistas de Inspección no han podido acceder a la empresa porque sus instalaciones están confinadas hasta que los cuerpos de emergencia acaben su intervención y certifiquen que es seguro su acceso.

Ha reconocido que el proceso será "largo y complejo" por el estado en que han quedado las instalaciones de Iqoxe, si bien ha advertido de que se acabarán sabiendo las causas y responsabilidades.

SANCIONES

Preguntado por el importe de la sanción que se puede imponer en el caso de que Iqoxe no siguiera los protocolos de actuación correspondientes, El Homrani ha indicado que se tiene que analizar y que para ello cuentan con especialistas en espacios confinados y explosiones, si bien ha avanzado que puede ser una "sanción muy grave" si se detectan irregularidades.

El conseller ha apuntado que Iqoxe había recibido en los últimos años cuatro expedientes sancionadores firmes por condiciones de trabajo y en materia de salud y seguridad laboral, con importes desde los 2.000 euros a los 8.000.