Los Mossos desmantelan una banda internacional de cocaína que operaba en Sant Boi

Mossos de la división de Investigación Criminal (DIC), con la colaboración de la Europol, han desmantelado una organización criminal que traficaba a escala internacional con cocaína. Han sido detenidas catorce personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, por blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició el 18 de diciembre de 2018 cuando se localizaron 1.413 kilos de cocaína en una empresa de Sant Boi de Llobregat ocultos en el interior de 800 cajas de folios importadas desde Brasil. Cuando los trabajadores localizaron los paquetes sospechosos informaron de inmediato a los Mossos.

A partir de ese momento agentes de la DIC se hicieron cargo de las actuaciones, tuteladas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sant Boi de Llobregat para identificar a los autores del envío.

Entre las primeras actuaciones de los investigadores el mismo 18 de diciembre los investigadores detuvieron a dos personas de nacionalidad española que tenían el encargo de trasladar la cocaína interceptada hasta un punto de la comarca del Baix Llobregat.

OPERACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE BRASIL A SANT BOI

Desde un comienzo los investigadores centraron las sospechas sobre uno de los responsables de la empresa importadora y destinataria de las cajas de folios. Este fue uno de los ejes de la investigación que condujo a los agentes a identificar hasta diez personas que habían participado, como una organización criminal, en alguna de las fases para lograr la adquisición, el transporte y la introducción del cargamento ilícito desde Brasil hasta territorio nacional.

Ante el alcance de la operación de narcotráfico interceptada se pidió la colaboración de Europol para obtener más datos y determinar la capacidad de actuación de la organización investigada a nivel europeo.

En el transcurso de la investigación se tuvo conocimiento de que el entramado criminal estaba haciendo los preparativos para introducir un nuevo cargamento de cocaína a través de Rotterdam, por lo que la magistrada que dirige la causa solicitó la colaboración de las autoridades de los Países Bajos para que obtuvieran datos sobre otra organización que, de forma coordinada con la desmantelada en Catalunya debía participar en la introducción de un nuevo envío de doscientos kilogramos de cocaína que, finalmente, no se produjo.

Paralelamente a las pesquisas por el delito de tráfico de drogas se inició una investigación patrimonial contra los presuntos responsables del envío. Estas gestiones posibilitaron el descubrimiento de indicios de la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales.

La investigación económica realizada sobre los investigados permitió destapar un complejo entramado empresarial que los investigados utilizaban para blanquear las ganancias obtenidas a través del tráfico de estupefacientes.

Estas empresas estaban en muchos casos controladas por testaferros que prestaban su identidad para simular operaciones con una aparente actividad empresarial y tenían el objetivo de dificultar que se estableciera la identidad entre el verdadero titular de los bienes y la persona o empresa que realizaba la inyección del dinero ilícitos.

De esta forma el dinero obtenido mediante el tráfico de drogas se blanqueaba principalmente a través de adquisiciones inmobiliarias y la inversión en nuevos negocios, como en el caso de uno de los principales investigados que acababa de abrir un negocio de venta de ropa de 'exclusivas firmas comerciales" en Barcelona en una zona muy cotizada de la ciudad.

Otro sistema que utilizaban los fines de la trama para blanquear dinero era el uso de mulas que realizaban periódicamente ingresos en efectivo por importes pequeños en varias entidades bancarias con la intención de burlar los sistemas de control de prevención de blanqueo que tienen implementados los bancos.

UNA RED MUY IMPLANTADA EN CATALUNYA

Con todo la información disponible el martes 4 de febrero agentes de la DIC llevaron a cabo un operativo policial con catorce órdenes de entrada y registro acordadas por el juzgado instructor con el objetivo de buscar más indicios y detener a los presuntos responsables de los hechos investigados. El dispositivo policial se hizo en las localidades de Barcelona, La Palma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, La Seu d'Urgell, Valls, Salou y Castell de Montornés y participaron analistas de Europol.

También se practicó una entrada y registro en un inmueble de Mahón (Menorca) que pertenecía a uno de los principales investigados y que habría obtenido presuntamente con dinero procedente del narcotráfico. Esta diligencia la realizaron agentes de la Policía Nacional de Mahón conjuntamente con policías de la DIC.

Los registros han proporcionado abundante documentación de interés para la investigación y se han intervenido dinero en varias divisas, teléfonos móviles, cuatro armas simuladas, tres turismos y dos motocicletas. Aparte se han embargado varias propiedades se han desmantelado dos plantaciones de marihuana con unas 700 plantas que gestionaba uno de los arrestados.

En esta operación se detuvo catorce personas, doce de nacionalidad española, una de colombiana y otra de marroquí.

El 6 de febrero ocho de los doce detenidos en el último dispositivo policial pasaron a disposición del juzgado conocedor de la causa y el juez decretó su ingreso provisional en prisión. La investigación ha permitido detectar importantes vínculos entre esta operación y la del caso Juliet de los años 2015 y 2016 en la que se intervinieron más de 310 kg de cocaína, tanto por la forma de introducir la sustancia como por el volumen de droga transportada. Además de la detención de dos personas que también fueron vinculadas en esa operación y de las cuales una fue condenada recientemente a 3 años y 6 meses de prisión por aquellos hechos.