Convulso pleno en El Prat por un “presunto” caso de bullying escolar

Hacia el final del pleno del Prat del pasado miércoles subió la temperatura. Ante la voluntad del concejal de Ciudadanos, Jordi López, de interesarse por las actuaciones llevadas a cabo en el municipio ante un presunto caso de bullying, el alcalde, Lluís Mijoler, cortó por lo sano y se acogió al artículo 23. 6 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para evitar que el regidor de la oposición planteara la pregunta y tuviera que darle una contestación pública en el pleno.

Según el ROM del Ayuntamiento del Prat: “La presidencia podrá rechazar los ruegos y preguntas que no se refieran a asuntos de competencia municipal, que sean de contenido estrictamente jurídico o técnico o que se formulen en interés exclusivo de alguna persona singularizada”.

El Ayuntamiento ha afirmado a Vilapress que “este caso se encuentra en la mesa de la Fiscalía de Menores de Catalunya” y el consistorio prefiere optar por extremar la prudencia en sus actos y palabras, ante las preguntas y consultas insistentes, de familiares, vecinos, políticos locales y medios de comunicación.

UNA FAMILIA ROTA DE DOLOR ESPERA QUE LOS JUZGADOS DIRIMAN

La madre, M.Q. dice estar “rota de dolor” y rompe a llorar cada vez que habla de su hijo menor de edad. Lleva consigo toda la documentación con la que habla de su historia y la de su hijo. No comprende lo que ha pasado ni lo que está pasando, y ha removido “cielo y tierra” para proteger a su hijo de lo que ella califica como un caso “que no sólo le sucede a mi hijo, sino que también lo han sufrido sus compañeros de curso, aunque él se haya llevado la peor parte. Desde su escolarización ha sufrido vejaciones, agresiones físicas e insultos siempre del mismo niño”, y la razón por la que “acabé solicitando, un cambio de centro, fue que mi hijo estaba entrando en un callejón anímico sin salida”.

M. Q. describe en es coherente relato todos los ingredientes que podrían convertir el presunto caso de su hijo en uno trágicamente real.  Y aunque no todos los niños experimentan las mismas afecciones ni en la misma medida, entre las enfermedades psicológicas o los problemas sociales que pueden sufrir las víctimas destacan la depresión. Esto provoca que las victimas de bullying se sientan tristes continuamente y aislados. Además, los padres también pueden sentirse frustrados al no comprender qué le sucede a su hijo. Se produce en ellos un acusado sentimiento de culpabilidad por no haber hecho lo suficiente para proteger a sus hijos.  Este tipo de menores también pueden experimentar ansiedad y frente a ella las preocupaciones son constantes: ¿me pegarán mañana?, ¿se reirán de nuevo de mí?. Estas preocupaciones suelen ir acompañadas de problemas de concentración y el niño antes de ir al colegio puede sufrir taquicardias o problemas gastrointestinales tales como diarreas y vómitos recurrentes.

Cabe reseñar que el acoso escolar permanente, constante y duradero puede convertirse en una fuente de estrés demoledora para la experiencia mental de los menores, que no tienen la capacidad cognitiva para afrontarlo. Por miedo a ir al colegio y sufrir más agresiones, algunos llegan a sopesar el suicidio como solución desesperada y son de sobra conocidos algunos casos.

Pero M.Q. no se ha rendido durante los cuatro años que lleva luchando contra lo que para ella es “un claro caso de bullying y negligencia de los profesionales que han intervenido”. Se ha enfrentado a la comunidad educativa de la dirección del colegio, ha solicitado la intervención de los servicios educativos locales y supramunicipales como el EAP. Ha acudido a la Fiscalía de Menores y ha denunciado a la dirección del centro escolar pratense por lo que ella considera una “clara dejación de funciones”. Y finalmente, tras conseguir un cambio de centro en tiempo récord, una brusca intervención de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) la separó de su hijo hace un mes.

M.Q. quiere probar que “en mi caso se ha cometido una injusticia y quiero que todas las acusaciones que vierten contra mí, como madre, se demuestre que son falsas. Quiero recuperar a mi hijo y que éste sea feliz en su nuevo centro escolar”. Pero la batalla de David contra Goliat se presenta larga y ardua, y el pleno de este miércoles donde ella y su madre salieron “indignadas y tristes” es solo un capítulo más de una historia compleja.

Tiene a su lado a Simón Núñez Hurtado, que se autodefine como “un activista social del Prat” y que acusa al Ayuntamiento de “practicar la Ley Mordaza en la prensa pública local”. Núñez no deja de acordarse, en sus palabras a Vilapress, de la abuela del menor, que quedó “totalmente conmocionada, por no haberse podido expresar en su Ayuntamiento”, añadiendo que “creemos que en El Prat hay más casos como el de M.Q. y no podemos permitir que todo se esconda”.

La madre batalla en los tribunales y busca respuestas respaldada por sus vecinos, que la acompañan a “sol y sombra” mientras todo se aclara. El menor permanece bajo la tutela provisional de la DGAIA que ha aplicado una medida de protección administrativa apartándolo de su núcleo familiar, porque como administración pública considera que la primera medida es la protección y el bienestar del menor y tiene competencias para proceder como lo ha hecho.

CIUDADANOS INTENTA ACLARAR LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PLENO

El regidor, Jordi López Gil de C’s, quiere ayudar a sus vecinos desde el nivel competencial que le petorca, la administración local. Enterado por parte de los familiares del menor del caso, ha querido clarificar la situación en el consistorio. Afirma que el caso “no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado. En ningún momento hago ningún tipo de juicio de valor, porque tratándose de un menor, mi papel es el de preguntar y ser prudente. Todo lo judicial se tratará allí, pero la parte de cómo se ha implementado el Protocolo Anti-Bullying sí es de interés general”.

La voluntad de C’s El Prat, en palabras de López, es “que todo se aclare y que la verdad salga a la luz”, solo tomando parte en favor del menor afectado.

                                            Jordi López Gil- Regidor C's El Prat.

La pregunta que López preparó para el pleno no contenía ningún elemento para ser desechada según el concejal, quién afirma “nuestra función es fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno, saber qué se hace en el municipio”, y añade, “nuestra función en la oposición es la de dar voz a nuestros vecinos sobre lo que les preocupa, y es exactamente lo que pretendíamos en este pleno”.

En este sentido López ha compartido para Vilapress su pregunta:

“No sé si les sonará el caso de M.Q. una madre… que comunicó a este Ayuntamiento en septiembre y noviembre de 2019 que su hijo… estaba sufriendo bullying en un centro escolar de la localidad. A fecha de hoy la madre sigue igual, sin contestación por parte del área de educación.  ¿Tiene el Área de Educación conocimiento del caso que nos ocupa? Y si es así: ¿qué actuaciones se han realizado para combatir y atajar este caso de bullying en un centro escolar del Prat?”.

¿QUÉ ACCIONES LLEVA A CABO EL AYUNTAMIENTO DEL PRAT PARA LUCHAR CONTRA EL BULLYING?

Todos los ayuntamientos de la comarca han ido aprobando protocolos de intervención en caso de “acoso entre iguales”, pero en El Prat no parecen contar con uno propio, sino que aplican el genérico de la Generalitat de Catalunya, pero además tienen estipulado un sinfín de acciones.

Desde la prevención y la detección y a través del Catálogo de “El Prat Educa” el consistorio incorpora medidas promoviendo la diversidad, el civismo o actividades de sensibilización en clave de género. También usan herramientas de resolución de conflictos como el Servicio de Mediación, el Servicio de Información Juvenil o el servicio Atención Integral LGBTI+ (SAI).

Incorporan acciones a través de proyectos como el “PIDCES”, de información y dinamización juvenil en los patios, el proyecto “Antenes Joves”, el proyecto de acompañamiento de jóvenes, actos contra la LGTBIfobia y actividades dentro del Plan de Trabajo del Consejo de Niños sobre el uso de las redes sociales y ciberacoso.

Así mismo el consistorio cuenta con estructuras y redes de trabajo y protocolos como la Red de Prevención y Abordaje del Maltrato Infantil, la Mesa Promojove liderada por el Departamento de Juventud y un protocolo para la prevención y abordaje del acoso sexual por razón de sexo.

Para el abordaje de casos de violencia entre iguales desde el ayuntamiento se sigue el protocolo de recursos de resolución de conflictos que para centros educativos pone a disposición de todos los centros la XTEC.

Además, desde la Oficina Municipal de Escolarización se realiza un trabajo de detección y abordaje de casos a través de la petición de cambio de centro, el análisis conjunto con el Equipo de Atención Psicopedagógico (EAP) de la Generalitat e Inspección Educativa y el centro de procedencia del caso y también de la respuesta sobre la petición de cambio de centre a través de la Comisión de Garantías de Admisión. También se promueve la activación de medidas organizativas o pedagógicas en los centros educativos de procedencia de los casos, así como se realiza un análisis de la situación global para detectar y facilitar el abordaje integral de todas las partes implicadas.

Y en el caso de detección de caso activa un trabajo en red, en donde se articula la conexión y coordinación de los “presuntos casos detectados” comunicando el mismo al propio centro educativo y la inspección educativa y colaborando en el caso necesario, en el acceso a recursos o servicios de apoyo de los que dispone la ciudad.

Así es como actúa el Ayuntamiento del Prat según la respuesta obtenida por el regidor de C’s de la Oficina Municipal de Escolarización (OME) en julio de 2019.  Pues la OME fue el organismo que facilitó toda esta información expresamente solicitada por este concejal en relación al “protocolo de actuación en situaciones de detección de un caso de acoso escolar en El Prat”.

¿QUÉ ES LA DGAIA Y EN QUÉ CASOS ACTÚA?

La DGAIA es el organismo que promueve el bienestar de la infancia y la adolescencia en riesgo de marginación social con el objetivo de contribuir a su desarrollo personal. También ejerce la protección y tutela de los niños y adolescentes desamparados.

Para la DGAIA en algunas circunstancias los niños y adolescentes sufren lo que este organismo califica de “condiciones de vida de desprotección y maltrato que van desde la desnutrición y/o falta de higiene, violencia física y/o psicológica, abuso sexual o incluso explotación laboral. La desatención de niños y adolescentes tiene consecuencias emocionales y físicas que afectan a sus actividades en sociedad y pueden ocasionar absentismo escolar y dificultades de relación social”.

Ante estas situaciones la Administración pública está obligada a actuar con el fin de respetar y ejercer los derechos de los niños y adolescentes. También ejerce la protección y la tutela de los menores desamparados y es responsable de su guarda en los supuestos que establecen las leyes.

Los EAIA, Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia son los responsables de valorar la situación del menor y las familias, de elaborar propuestas que vayan en beneficio del menor y también de hacer un seguimiento de la aplicación de las medidas acordadas en coordinación con el resto de profesionales que pueden intervenir en el caso: servicios sociales municipales, cuerpos de seguridad, educadores-maestros, etc. Son los profesionales que dan apoyo psicosocial a la familia de los niños, cuya tutela ha asumido la Generalitat.

También existe una serie de recursos de protección de los menores, que la DGAIA puede aplicar administrativamente como son:

1. Atención en un Centro Residencial de Acción Educativa, CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa). La medida de acogida en una institución consiste en ingresar al menor en un centro adecuado a sus características con la finalidad de que reciba la atención y la educación necesarias. Se aplica cuando se prevé que el desamparo o la necesidad de separación de la propia familia serán transitorios y cuando no ha sido posible o aconsejable la acogida por parte de una persona o de una familia.
2. Centro de acogida. Servicio residencial, propio o colaborador de la DGAIA, dotado de un equipo técnico pluridisciplinario (médico, psicólogo, pedagogo y asistente social), que tiene como objetivo hacer la observación y el diagnóstico de la situación de los menores que les han sido confiados y de sus familias, con el fin de elaborar la propuesta de medida correspondiente. Al centro de acogida, se derivan únicamente los menores que necesitan una atención inmediata y que es necesario separar del núcleo familiar.
3. Centro abierto. Establecimiento destinado a la prevención y a la atención del menor en riesgo fuera del horario escolar. Tiene como objetivo la estructuración de la personalidad, la adquisición de aprendizajes básicos y la atención a las carencias socioeducativas. Es un recurso que depende de los consejos comarcales, de los entes locales o de entidades privadas de iniciativa social.

Por otra parte los menores tutelados pueden vivir con familias de acogida que reciben la guarda del menor con el fin de hacer posible el desarrollo integral en unas buenas condiciones de vida, tanto económicas como afectivas.

Son muchas las personas e instituciones implicadas en la protección de los menores y jóvenes en Catalunya y cuando se denuncia o detecta un presunto caso de bullying o presunto caso de “desprotección” en un menor todo se activa y saltan las alarmas. Una madre del Prat está moviendo “cielo y tierra” para recuperar a su único hijo, mientras se mezcla la intervención de la DGAIA, realiza su estudio la Fiscalía de Menores, la dirección del colegio colabora, inspección interviene en coordinación con los técnicos municipales y el EAP junto al EAIA. A nadie le gusta lo que pasa y todos buscan la verdad de lo que está pasando siempre pensando en lo mejor para el menor implicado.

Seguiremos informando…