El derecho a la vida de las personas mayores

Hace ya algunos años se viene planteando alargar la edad de jubilación hasta los 70 años. Los gobierno y expertos aconsejan que esto sea así. Lo argumenta en base a que la esperanza de vida de las personas también es mayor, que las arcas no aguantan pagar las pensiones y porque la calidad de vida es mejor ahora. 

Hoy en día se llega a los 65 años en plenas facultades dependiendo del trabajo que se haya estado realizando y algunas personas están esperando esa edad para jubilarse. Otras, quieren hacerlo más tarde, incluso no quieren jubilarse. En la actualidad, son más de 200.000 personas que siguen trabajando pese haber llegado a esa edad. Si comparamos el salto cualitativo de las personas, los 65 años de 1990 equivalen a una edad superior a los ochentas años de hoy, y solo han pasado treinta años.

Los gobiernos aceptan las plenas condiciones de los posibles jubilados y los animan a seguir en sus empleos. De momento se habla de la posibilidad de llegar a los setenta, más adelante, seguro, que querrán ampliarla para no tener “tantos pensionistas”.

Con la pandemia del coronavirus, que ha pillado con el pie cambiado y falto de previsión a los distintos gobiernos se ha puesto de manifiesto varias cosas. Hablaré solo de la desprotección de las personas “mayores” consideradas así de los 65 años para arriba, que han visto, como sus derechos a ser atendidos en la sanidad han sido vulnerados, por el simple hecho de ser mayores.

¿Eso permite a los gobiernos condenarlos a la muerte? : Los ejemplos los hemos tenido en las residencias, donde el número de fallecidos ha levantado el clamor de familiares y trabajadores concienciados que han denunciado públicamente lo que estaba sucediendo dentro de las mismas. 

Los familiares se han visto impotentes, muchos de ellos sin disponer de información de los centros sobre el estado de salud de sus familiares. Un descontrol indigno porque los “mayores” no son objetos, sino personas con sentimientos que sufren, que se han visto solos, y muchos sin saber que iban morirse. Los que han fallecido, lo han hecho sin poder despedirse de sus allegados, sin una mano que les consuele para poder irse con una cierta paz.

La falta de atención sanitaria a los mayores no ha sido solo a los que están en las residencias, públicas y privadas, sino a los que estaban en sus casas, con familiares o solos. La edad fue la excusa para no ser atendidos, como si ya fueran tratos viejos a los que hay que sacarse de encima.

Cuidado porque las personas mayores, no son prioritarias para la sanidad pública, son ciudadanos de segunda, y esto no es de ahora, viene de lejos, y en la situación de pandemia ha quedado más evidente, lo dicen algunos profesionales en privado, en público no se atreven, tienen miedo a las represalias. También ellos deberían denunciar la situación, porque la juventud no dura toda la vida y ellos también van a sufrir las carencias.

La doble vara de medir es realmente indignante. A las personas mayores de 65 años se les dicen que pueden seguir trabajando, son productivas para la economía, pagan impuestos y ahorran las pensiones al Estado. Sin embrago, a la hora de ser atendidas en los hospitales tienen prioridad los que no han llegado a esa edad que se ha convertido en un problema grave y muy peligroso. ¿Quién decide si una persona vive o muere?. Es el gran dilema ético que se está planteado ahora, para desgracia de una sociedad que está viendo como se tambalean algunos valores.

No hay que olvidar que los mayores fallecidos en las residencias, son más de 14.000, una cifra que debería hacer pensar a los que gobiernan: en  España y en las comunidades autónomas.