​El juzgado de Tarragona incoa nuevas diligencias de la pieza de INIPRO en Viladecans

Fue el 4 de mayo de 2016 cuando la Guardia Civil y la polícia judicial registraban el Ayuntamiento de Viladecans por el caso INIPRO que tiene su origen en una denuncia presentada por la CUP con el entonces alcalde, Jose Félix Ballesteros , suspendido de militancia desde mayo de 2020 por el PSC. Más de cuatro años después el juzgado de Tarragona ha incoado nuevas diligencias tras las cuales tendrán lugar las declaraciones de los imputados en su pieza de Viladecans.

Juzgados de Tarragona.

Hasta el momento, las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, tuteladas de nuevo por el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, dado que en septiembre de este 2020 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Gavà cuyo titular es el juez Rubén Vallejo González al que fue derivada la pieza de Viladecans valoró que debía ser el  su compañera de Tarragona quién asumiera la responsabilidad del juicio y las diligencias necesarias. Tras recibir esta respuesta será la jueza, Chantal Prieto heredera del caso que instruyó Joaquin Elias hasta su finalización quién ha decidido aperturar nuevas diligencias y ha pedido nuevos informes sobre Viladecans. Tras recibirlos y examinarlos  procederá a abrir el juicio y tomar declaración a los imputados y testigos.

LA HEMEROTECA DEL CASO INIPRO

Cabe recordar que en mayo de 2016 la Guardia Civil y la Policía Judicial entró en el Ayuntamiento de Viladecans, además de en el de Tarragona, Palau-Solità i Plegamans en el marco de la 'Operación ANFITEATRO', pieza del Caso Inipro. También realizaron registros en entidades mercantiles, en despachos profesionales y en domicilios particulares. Desde entonces la UDEF no ha dejado de investigar a los imputados y sus necesarios colaboradores, que del inicial susto se han recuperado gracias a sus cargos “ad hoc” creados dentro del organigrama del consistorio viladecanse y contando con el total respaldo público de las diferentes ejecutivas del PSC de Viladecans.

Según informó en su día, la Guardia Civil, se investigaba entonces delitos tan graves contra la administración pública en el marco de una operación que se inició a finales de 2015.Las entradas y registros se realizon en el Ayuntamiento de Tarragona para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos, en los Ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans, en dos mercantiles en Barcelona y Viladecans, en un despacho profesional en Viladecans y otro en Reus, y en los domicilios de los cuatro detenidos en la operación.

En concreto, los detenidos fueron el empresario, R.C, entonces director de la empresa INIPRO, y que falleció seis meses después del registro de la UDEF en octubre de 2016. Enrique Miró, consultor y un cargo público -el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viladecans, Joaquín Guerrero- que dimitió de todos sus cargos públicos y políticos, unos días después del registro el 7 de mayo de 2016. Aunque ha seguido todos estos años participando en los actos públicos de su agrupación, el PSC de Viladecans, desde su imputación y pese a la misma sigue trabajando en el consistorio con un sueldo de categoría directiva creado “ad hoc” para él.

Joaquín Guerrero. Ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viladecans.

Junio 2016. Fuente @PSCViladecans

Diciembre 2017. Fuente Twitter @PSCViladecans

Septiembre 2018.Fuente Twitter @PSCViladecans

Diciembre 2019. Fuente Twitter @PSCViladecans

También fue detenido hace cuatro años un excargo público -Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Félix Ballesteros-.

INIPRO, UN CASO COMPLEJO DE JUZGAR

En 2016 la Guardia Civil registró las dependencias del Área de Economía y Gestión Interna del Ayuntamiento de Viladecans, donde requirieron algunos expedientes, según informaron entonces las propias fuentes municipales. Y además algunos testigos hablaron con posterioridad que se produjo alguna “quema de Sant Joan” en la terraza de ese mismo edificio perpetrada “presuntamente” por varias altos cargos con responsabilidad en el consistorio viladecanense y que fue denunciado.

La Guardia Civil requerió al Ayuntamiento de Viladecans cinco expedientes administrativos menores, cuatro correspondientes a contrataciones con la empresa Iniciativas y Programas (Inipro) y uno correspondiente a una provisión de bolsa de trabajo. Cuatro de los expedientes son de procedimientos de contratación ganados por Inipro en los años 2008, 2009 y 2011, y el quinto es un expediente correspondiente a un proceso de provisión de bolsa de trabajo.

Durante el registro, estuvo presente el entonces primer teniente de alcalde y responsable del área de Economía, Joaquín Guerrero, que llegó incluso a ser detenido, dormir en el calabozo y puesto el libertad con cargos unos días después.

El consistorio públicamente se puso a colaborar con el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona en la investigación sobre los contratos a la empresa Inipro, cuya cantidad más baja rondaba los 30.000 euros. Y además creó una comisión informativa junto a los grupos de la oposición que dinamitó ERC que sacó a la luz sus conclusiones como Grupo Municipal sin esperar a la reunión final del grupo de trabajo en marzo de 2017 pese a declarar ante la opinión pública que ellos habían denunciado el caso ante la Oficina Antifrau de Catalunya pero sin éxito alguno. Tras el humo de esta puesta en escena republicana que dinamitó el trabajo colectivo político en un claro gesto de oportunismo político al llegar el pleno de conclusiones el único grupo municipal que pidió la dimisión directa del alcalde de Viladecans por su clara responsabilidad política fué otro. En una práctica política extendida de mucho ruido y pocas nueces.

La mayor parte de estos contratos que pidió la UDEF fueron firmados bajo el mandato de la exTeniente de Alcalde, María Salmerón, retirada de la primera línea política y que actualmente trabaja en el sector privado de Viladecans, pero cuya ex pareja, con las pilas muy cargadas, continúa coontribuyendo con su trabajo en las llamativas praxis urbanisticas de Viladecans. El Ayuntamiento afirmaba entonces en la nota de prensa remitida a los medios  “su confianza de que la información facilitada a la Guardia Civil satisfaga los requerimientos judiciales y sea de utilidad para aclarar los hechos investigados”. Algo que no ocurrió en la Comisión Informativa del Caso Inipro, donde en sus conclusiones finales, todos los grupos políticos de la oposición, a excepción de los que conformaban el equipo de Gobierno PSC y ICV-EUiA y los concejales no adscritos, protestaron públicamente sobre las dificultades de acceso a la información, pese al insistente trabajo realizado por la presidenta de la misma, la líder de C’s, Carolina Torres.

DE TARRAGONA A VILADECANS

Tras una denuncia de la CUP el fiscal de Tarragona, en febrero de 2015, vio indicios de delito en el caso INIPRO en Tarragona y lo trasladó al Juzgado donde el juez instructor investigó la adjudicación inicial de un contrato y sus posteriores prórrogas por parte de los Serveis Sociales municipales del Ayuntamiento de Tarragona.

La CUP de Tarragona fue la formación política que en julio de 2013, pocos meses después de que el caso saliera a la luz pública, lo denunció ante la Fiscalía porque “había indicios de que podrían haberse cometido los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación” tanto en la adjudicación inicial como en las posteriores prórrogas del contrato entre el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) y la citada empresa Inipro (Iniciatives i Programes SL, con sede en Viladecans y marcadamente afín al PSC).

Despues de ser admitido a trámite el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona que instruía el caso decreto “ el secreto de sumario” por lo que “nadie que no sean las partes puede tener información del proceso” algo que hizo que la CUP se personarse como acusación particular en el procedimiento con el objetivo de poder tener información de primera mano y llevar un control de las actuaciones. La decretación del secreto de sumario suele hacerse “para preservar la correcta instrucción del caso, o para proteger a las partes o a quienes son llamados a declarar...”.

En abril de 2018 el juez cerró la instrucción del caso con la declaración del último testigo. La declaración del último testigo de la pieza de Tarragona fue solicitada por uno de los abogados defensores, Paco Zapater –que llevaba a cuatro de los investigados–, y que formaba parte de un paquete de cuatro personas, todas ellas trabajadoras del IMSS . Tras un auto de la Audiencia, el juez encargado del caso debía terminar la instrucción y dictar el auto de apertura de juicio oral, el escrito en el que tiene que indicar si ve indicios de delito y qué personas son finalmente procesadas. Entonces el juez decidió abrir diligencias por cinco delitos: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, alteración de precios en subastas públicas y malversación de caudales públicos.

La investigación se centró en por qué el IMSS contrató a una empresa para realizar unos trabajos para los que tenía personal. Después se ofreció el contrato a tres empresas que estaban ligadas y presuntamente con afinidades con el PSC –que figura en la causa como partícipe a título lucrativo–. Y finalmente el juez intenta desvelar el intríngulis de si realmente el trabajo se materializó o sólo sirvió para desviar dinero hacia el partido. En Tarragona son 14 las personas que figuran en la lista de investigados. Según iba avanzando la investigación se supo el responsable de contabilidad y el interventor del IMSS mostraron su disconformidad con las facturas presentadas por INIPRO mientras el exgerente daba el visto bueno.

En el desarrollo de esta macro investigación ha quedado claro que INIPRO es una empresa marcadamente afín al PSC lo demuestra que su entonces administrador, R.C, fue un conocido militante del partido que llegó a figurar en una candidatura al Parlament y en Tarragona, y  que otro  de sus empleados de INIPRO fue otro conocido militante socialista. De hecho, INIPRO ya estuvo envuelta en polémicas similares en los años 90, cuando varios ayuntamientos socialistas del Área Metropolitana de Barcelona fueron acusados de darle trato de favor y de adjudicarle varios contratos de forma irregular. Además desde la llegada de Ada Colau al consistorio barcelonés los contratos a esta empresa bajo la batuta de concejalías de los comunes han seguido produciéndose y van 800 en cuatro años.

En 2010, el IMSST de Tarragona adjudicó a INIPRO un servicio relacionado con la asistencia al inmigrante. Lo hizo mediante un ‘procedimiento negociado sin publicidad’ (tal como permite la Ley en contratos que no superan los 60.000 euros) y en donde la administración invita a tres empresas de su elección a presentar oferta y contrata a la mejor de las tres. Pero en este caso, de las tres invitadas una renunció a presentarse y las otras dos eran una filial y su matriz: INIPRO. Es decir, la que ganó, era al mismo tiempo propietaria de Itinere, la que perdió. Y lo que se debate en la pieza de Tarragona era si realmente el IMSST lo desconocía cuando decidió invitarlas precisamente a ellas. Parce ser además que en el expediente de la contratación, el presupuesto enviado por Inipro en su propuesta data de junio de 2010, cuando el procedimiento se convocó oficialmente el 13 de julio.

El 12 de septiembre de 2018 según informó el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez dio por finalizada la instrucción del caso encontrando indicios de la comisión de distintos delitos contra el ex alcalde de Tarragona Félix Ballesteros y otras 14 personas dando traslado a las acusaciones y defensas para que hagan el escrito y propongan, si lo consideran, nuevas pruebas. En su escrito se les atribuyen los presuntos delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.

Según este auto de apertura de procedimiento abreviado del juez Joaquin Elías Gadea, los hechos se remotan al verano de 2009, hace más de 11 años, cuando Ballesteros como máximo responsable de la agrupación local del PSC de Tarragona y alcalde de la ciudad, y la máxima responsable del área de comunicación. F. E, actuaron "puestos de común acuerdo y con la finalidad de planificar la estrategia a seguir para mantener el gobierno municipal de cara a las elecciones de 2011".

Para ello decidieron buscar a personas que trabajan para los intereses electorales del PSC, y que ese dedicaran a promocionar y cuidar la imagen institucional del alcalde en medios de comunicación y redes sociales "logrando con ello un sustancioso rédito para el alcalde

y los miembros del Gobierno municipal, y para el partido que lo sustentaba". Ballesteros y otros miembro sde su equipo investigados decidieron que la "institución idónea" para poder contratar a estas personas que trabajaran para el partido era el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona: tenía capacidad de contratación de forma autónoma y estaba gestionado por una persona de confianza del alcalde y tenía una dispersión de sedes, lo que dificultaba el control de la actividad de los trabajadores.

Los investigados decidieron que la mercantil INIPRO serviría para contratar a personas para el partido, y que se le daría la apariencia de contrato relacionado con la promoción del asociacionismo entre la población recién llegada. Entonces se fijó como delegado de dicha sociedad en Tarragona a un militante del PSC "deseoso de labrarse un futuro en el partido", puntualiza el juez en su auto.

Para contratar a INIPRO se siguió un procedimeinto administrativo negociado sin publicidad por valor de 59.000 euros, que podia asegurar que el contrato recayese en la mercantil, "un ardid tramado con la sola finalidad de beneficiar al PSC", con lo que según el juez se amañó el contrato para que recayera en la empresa previamente seleccionada.

Una vez agotado un primer presupuesto, el alcalde fue autorizando nuevos pagos a los trabajadores hasta diciembre de 2012, con un coste para las arcas municipales de 276.157.31 euros. El juez constata en su auto que las memorias de la actividad de INIPRO de esos años fueron redactadas de forma fraudulenta al ser en realidad elaboradas desde el propio Instituto Municipal de Servicios Sociales y no por la empresa que prestaba los servicios.

Después de este auto en octubre de 2018 Joaquin Elias, el magistrado que hasta ahora llevaba el caso Inipro en su causa de Tarragona, fue substituido porque fue a ocupar primero una plaza en Barcelona como Juez de Adscripción Territorial y ahora se encuentra en un nuevo puesto en Madrid en la Audiencia Nacional. 

Por eso ahora quién decidirá el destino de los imputados de INIPRO en todas sus piezas es la jueza Chantal Prieto en un caso con muchas ramificaciones . La nueva jueza ha tenido que revisar durante todo este tiempo el trabajo realizado por su predecesor pero todo apunta que lo dará por valido. teniente de alcalde de la localidad.

El pasado 27 de mayo de este 2020 se supo que el exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) está a un paso de ir a juicio por ocho delitos relacionados con el caso Inipro, de presunto desvío de fondos de los servicios sociales municipales a favor del partido socialista tras denegar la Audiencia de Tarragona los recursos de Ballesteros y de la mayoría de investigados.

Aparte de Ballesteros, la jueza ha mantenido como investigados a la concejala socialista Begoña Floria; la exconcejala de Servicios Sociales Victòria Pelegrín; y al exjefe de gabinete del alcalde Gustavo Cuadrado. También irán a juicio el exgerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) Antonio Muñoz; el socialista Alejandro Caballero, contratado por la empresa Iniciatives i Programes (Inipro) y la técnica del IMSS, también vinculada al PSC, Enriqueta Aznar.

Sin embargo, la Audiencia decidió archivar las actuaciones sobre una funcionaria municipal y cuatro personas contratadas por INIPRO. Ballesteros, el ex alcalde de Tarragona, finalmente será investigado por prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, soborno, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública. El abogado de Ballesteros, David Rocamora, ha relativizado la desestimación de los recursos porque "no entran en el fondo" y ha deseado "llegar a juicio cuánto antes".

Tras estar a las puertas del juicio los concejales del PSC de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria, fueron suspendidos de militancia del PSC tras aceptar el partido su baja voluntaria que presentaron una vez la Audiencia de Tarragona confirmó que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por el caso INIPRO. Esta medida sólo afecta a su situación orgánica en la formación pero ambos continuarán como concejales del grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona, hasta que haya sentencia. Según marcan los estatutos del PSC, una vez hubiera empezado el juicio automáticamente habrían quedado suspendidos de militancia. 

Algo que probablemente acabe ocurriendole al imputado socialista viladecanense, Joaquín Guerrero, que acude cada año a participar de las actividades de su agrupación local. ¿Lo hará también en este 2020?. ¿Habrá imputados sorpresa en la apertura de juicio?. ¿Deseará también Joaquín Guerrero llegar pronto a juicio  después de conocer que no serán los juzgados de Gavá sinó el de Tarragona quién inicie la apertura de pieza al inhibirse el del territorio?. ¿Dirá la verdad en su declaración ante la Jueza?.

Detención de Joaquín Guerrero en 2016.

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