Ecologistas en Acción cree que la sentencia contra el PDU del Delta del Llobregat es una gran oportunidad para el medio ambiente

La reciente sentencia del TSJC que declara nulo de pleno derecho el PDU de los sectores de actividad económica en el Delta del Llobregat, aprobado por la Generalitat en 2015, es una nueva muestra de las incoherencias con la que las administraciones gestionan (o no gestionan) el territorio metropolitano. 

Según Ecologistas en Acción, la estrategia tanto del Departamento de Territorio como los Ayuntamientos de Gavà, Viladecans y Sant Boi ha quedado en evidencia, pues el PDU se tramitó con una visión desarrollista y expansiva desfasada, y no a una visión integral del territorio metropolitano, una visión que corresponde competencialmente al AMB desde la Ley de creación de este ente, en 2010.

Es por eso que les Agulles - Ecologistas en Acción del Baix Llobregat valora positivamente la sentencia, ya que representa una oportunidad de hacer las cosas bien, de acuerdo con unos principios diferentes, priorizando la sostenibilidad del territorio. 

En 2014 ya se formularon alegaciones al proyecto de PDU1, si bien que fueron ignoradas por el departamento de Territorio y Sostenibilidad. El grupo argumenta que los argumentos de los ecologistas toman más fuerza hoy en día, dada la crisis ecológica y climática que vivimos a escala mundial y que en este contexto en el que "están amenazados no sólo los ecosistemas y la biodiversidad sino la propia sociedad, la salud y la calidad de vida, hay que tomar decisiones políticas valientes que prioricen la preservación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, al tiempo que se mitiga al máximo posible el cambio climático". 

El PDU Delta LLobregat no iba en esa dirección, ya que hubiera destruido más de 200 ha agrícolas del Delta y un pinar litoral de alto valor y afectado gravemente al último conector ecológico entre el Garraf y el Delta del Llobregat.

Es por este motivo, que Ecologistas en Acción - Les Agulles reclama a las administraciones que acaten la sentencia y no la recurran ante el Supremo, que se haga una evaluación de los servicios ambientales que se verían afectados por el PDU anulado -como el abastecimiento de alimentos, el almacenamiento de carbono, la regulación hídrica o los servicios de ocio y de educación ambiental-. Y, en último término, reclama al gobierno metropolitano que acelere la tramitación del PDUM, priorizando un cambio drástico en las prioridades metropolitanas, abandonando el urbanismo expansivo y apostando por la calidad de vida, la conservación de los ecosistemas y los sistemas agrarios de alto valor, como contribución a la lucha contra la crisis ecológica.

En línea con la plataforma Sos Baix Llobregat, los ecologistas vuelven a reclamar a la AMB y al Gobierno de la Generalitat que adopten una moratoria urbanística de 2 años para proyectos en suelos urbanizables o urbanos no consolidados que signifiquen ocupación de nuevo territorio.