La ley climática obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones

La ley climática obliga a que todos los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones —como las de Madrid y Barcelona— a partir de 2023. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán tenerlas si su calidad del aire no es buena.

La Asociación de Silvicultores Consorci Forestal de Catalunya (CFC) se ha mostrado "satisfecha" con la nueva Ley de Cambio Climático aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.

En un comunicado, la entidad ha considerado "un hito muy importante" la incorporación al texto de aspectos como el papel del bosque, su gestión y el uso y consumo de productos forestales como elementos esenciales de la ley.

El CFC también ha destacado la apuesta por la bioeconomía y el mandato al Gobierno central para incentivar las externalidades positivas de los bosques con plan de gestión forestal.

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NUEVA LEY DE CAMBIO CLIMÀTICO  PUBLICADA EN EL BOE

A partir de este 2021 en España no podrán venderse turismos que emitan dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Y para 2050 ya no podrán circular por el país. En la práctica, y con la tecnología actual, esta es la sentencia de muerte para los coches de combustión que recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada esta semana en el Congreso. La norma incluye medidas para mejorar la calidad del aire de las ciudades e impulsar la implantación del coche eléctrico, la apuesta clara del Gobierno.

El Congreso aprueba la Ley de Cambio Climático tras años de retrasos

A los problemas de contaminación del aire que generan los motores de combustión, se les une que los diésel y gasolina son grandes emisores de dióxido de carbono —un gas inocuo para la salud del ser humano pero principal responsable del sobrecalentamiento del planeta—. Según el último inventario oficial de gases de efecto invernadero de España, de 2019, el transporte es el responsable del 29,1% de todas las emisiones del país. Y el transporte por carretera acumula el 26,9% del total. Mientras el resto de grandes sectores reduce sus emisiones, el transporte sigue aumentándolas.

“Necesitamos que se democratice el coche eléctrico”, decía el viernes la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Lo hacía durante la presentación de la nueva convocatoria de incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga que acaba de lanzar el Ejecutivo.

Ayudas que tienen que dar el impulso para poner en marcha la estrategia del Gobierno. En la ley climática recién aprobada en el Congreso —y que aún debe recibir el último visto bueno en el Senado— se establecen varias obligaciones para que las gasolineras, a partir de un determinado volumen de negocio, instalen puntos de recarga. Y, a partir de 2023, todos los edificios no residenciales y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con esa misma infraestructura. Además, el Gobierno está preparando ya un portal en internet donde se puedan localizar todos los puntos públicos del país. “La ley va a dar sin duda señales muy importantes de que la electrificación es irreversible y que se va a desarrollar durante esta década”, sostiene Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte y experto en movilidad.

La ley es una carta de intenciones pero también una carrera que, aunque con casi dos décadas por delante, va contra el reloj ante el camino marcado por la Unión Europea. España va rezagada: solo un 0,2% de sus 24,5 millones de turismos son totalmente eléctricos en un parque de mayoría abrumadora del diésel y la gasolina. Y no solo eso, la industria española de la automoción tiene todavía que hacer la transformación para asumir los cambios que el Gobierno quiere ver en el mercado. Hoy en día, apenas seis de los casi 30 modelos que se ensamblan en las plantas españolas son totalmente eléctricos.

Cuando en 2018 el Gobierno anunció su intención de vetar en 2040 los vehículos de combustión, la patronal de fabricantes Anfac alzó la voz en contra de la medida y reclamó neutralidad tecnológica. Tres años después, y con las sanciones que está imponiendo Europa a las marcas por emitir más de lo permitido, el discurso ha cambiado. “Para Anfac, la aprobación de esta ley es muy necesaria porque configura un marco normativo nacional y fija objetivos a largo plazo. La industria de la automoción está plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización del parque que refrenda la ley para 2040 y 2050 y ya estamos trabajando con este horizonte”, señala el director general de esta patronal de fabricantes, José López-Tafall, que lleva algo más de un año en el cargo.

NUEVAS ALIANZAS Y ZONAS DE BAJAS EMISIONES

Seat quiere que su planta de Martorell se especialice casi en su totalidad en la producción de vehículos eléctricos a partir de 2025. Allí fabrica ahora medio millón de vehículos de gasolina, diésel e híbridos al año. El resto de plantas españolas (Ford, Renault y Stellantis) han mostrado ya unas cartas para su presente y su futuro inminente donde están también los vehículos híbridos enchufables, un primer paso hacia la transformación. Pero todavía hay tiempo, una generación más de vehículos, para llegar a la fecha tope de 2040. Mientras, el Gobierno intenta impulsar una industria nueva basada en las baterías para coches.

El proceso de transformación de la movilidad también está haciendo que las grandes eléctricas intenten entrar en este sector. “Hay una necesidad de alianzas”, explica Luis Buil, director global de Smart Solutions de Iberdrola. Su compañía, por ejemplo, tiene ya acuerdos con casi todas las principales firmas de coches y con grandes cadenas de concesionarios para la instalación de puntos de recarga, apunta Buil. Las previsiones del Gobierno son que en 2023 habrá 250.000 vehículos eléctricos en España y 100.000 puntos de recarga. En 2030, se debería haber llegado a cinco millones de vehículos y 300.000 puntos públicos.